os seis gobiernos neoliberales hicieron de todo para privatizar el sector energético nacional, siempre con especial atención en el área petrolera –la eléctrica no estuvo exenta–, pero ante el rechazo mayoritario y el enorme costo político que les implicaba se vieron en la necesidad de hacerlo de forma paulatina, hasta llegar al punto culminante: la reforma sectorial de Peña Nieto.

Y en su intento (de Miguel de la Madrid, con su reclasificación de la petroquímica, a EPN, con su apertura total) poco a poco adelgazaron a Pemex por medio de concesiones, de-sincorporaciones, reclasificaciones, leyes secundarias a modo, endeudamiento creciente, caída en picada de la producción, corrupción galopante, saqueos programados, y, en especial, muerte por inanición financiera y productiva de la otrora poderosa paraestatal.

Pero, versión oficial, la calificadora Fitch Rating apenas se dio cuenta del problema y sólo hasta ahora advierte sobre todo lo que fue obvio y costosísimo a lo largo de esas tres décadas y pico, y decide cargarle el muerto al gobierno que recién inicia, el cual, dicho sea de paso, anunció –dos días antes de la descalificación pública del citado consorcio– acciones para fortalecer la capacidad productiva de Petróleos Mexicanos, que incluyen inversiones y reconsideraciones fiscales para evitar la asfixia.

El hecho es que el proceso privatizador resultó onerosísimo para el país, porque en su afán los seis gobiernos neoliberales desmantelaron a Pemex, al tiempo que nunca llegó la prometida inversión privada (ríos de dinero, según decían). Lo mejor del caso es que Peña Nieto se aventó la puntada de culpar a los mexicanos de secar y acabar con la gallina de los huevos de oro.

Los seis ex inquilinos de Los Pinos trabajaron decididamente para privatizar el sector petrolero nacional, sin hacer caso de ninguna otra opción. De la Madrid reclasificó la petroquímica (léase privatizó), y hoy México importa todo tipo de productos de ese sector; Salinas partió Pemex en cuatro para facilitar su venta, pero la realidad política del país le apestó el intento. Y de allí pa’l real.

Por ejemplo, en 1994, a escasos días de que Ernesto Zedillo tomara protesta como inquilino de Los Pinos, un grupo interdisciplinario de técnicos y especialistas de Pemex le entregó un detallado diagnóstico sobre la realidad energética del país, y entre sus advertencias destacaba que si la entonces paraestatal no atendía los crecientes requerimientos internos de hidrocarburos, aumentaba sustancialmente la inversión, cuidaba sus finanzas y se ponía a la vanguardia tecnológica, inevitablemente tendrá que aceptarse y promoverse la participación de capital privado en la industria petrolera nacional.

Lo anterior, subrayaba el grupo, no sólo es necesario, sino urgente, porque actualmente la producción de Pemex es ligeramente superior a la registrada hace una década, aunque sus instalaciones son exactamente las mismas. Así, para atender dichos renglones, en el próximo decenio México requerirá de una empresa del doble de tamaño del Pemex actual.

Y dejaba en claro que uno de los mayores cuellos de botella para el crecimiento financiero y productivo de Pemex lo constituye el hecho de que, en promedio, por cada peso que recibe debe enterar 75 centavos, vía impuestos y derechos, al gobierno federal; la carga fiscal no premia la eficiencia productiva de la empresa, requiriéndose un esquema de tributación que no inhiba el desarrollo de la industria, sino que lo estimule y asegure su capitalización.

Pues bien, Zedillo hizo exactamente lo contrario, tal cual procedieron sus sucesores en Los Pinos: saquearon a la empresa, recortaron su presupuesto, la endeudaron hasta la coronilla, permitieron la caída de la producción y acicatearon la corrupción. Pero fueron otros (según dice la versión oficial) los que secaron a la gallina.

Las rebanadas del pastel

¿Qué sucedió? 25 años y cuatro gobiernos después, México importa gasolina, gas, todo tipo de petroquímicos y… petróleo crudo. Pero nada de eso vio Fitch Rating.

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