a Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer ayer la intención del gobierno federal de emprender un cambio estructural en Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante disposiciones en materia fiscal y de inversión con la finalidad de aliviar la onerosa carga tributaria que pesa sobre la empresa productiva del Estado y que le impide financiar sus operaciones. A la reducción impositiva y a la histórica capitalización que ya se habían contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, se sumará un incremento sustancial de la deducibilidad de sus costos, la cual pasará de 12.5 a 65 por ciento.

El anuncio de la autoridad hacendaria se inscribe en el triple rescate de la ex paraestatal en particular y del sector energético del país en general emprendido por el actual gobierno: este esfuerzo de recuperación financiera ha sido acompañado por un salvamento técnico cuyos aspectos más visibles son la reconfiguración de las refinerías existentes y el proyecto de construir una, por primera vez en 40 años, así como por un rescate administrativo basado en la transparencia y en el desbaratamiento de la red de corrupción que supuso una auténtica sangría para la empresa. En este último ámbito, el combate al delito de robo de combustibles en todas sus modalidades ha acaparado los titulares, pero hay indicios de una voluntad de saneamiento que va más allá de este fenómeno delictivo de alto impacto, como ejemplifica el cese, anunciado ayer, de tres altos funcionarios por su presunta participación en un esquema de triangulación de recursos por medio de universidades públicas.

Aunque la urgencia de emprender este triple rescate ya se encontraba fuera de toda duda por el catastrófico desplome en la producción petrolera nacional –de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a apenas 1.8 millones al cierre de 2018 y por la sostenida pérdida de recursos materiales y humanos sufrida por Pemex durante los recientes cuatro años– esta semana recibió una incontestable confirmación por parte de un agente externo: la baja en la calificación crediticia de la deuda emitida por la empresa productiva del Estado, anunciada el martes por la calificadora Fitch Ratings, se sustenta en el deterioro financiero de ésta durante los pasados años, en que simultáneamente se le redujeron sus flujos de efectivo y se le condenó a un endeudamiento con enormes vencimientos en el corto plazo.

El triple rescate del sector energético es un empeño de la administración federal que debe ser respaldado por el conjunto de la ciudadanía. Primero, porque el apoyo social es fundamental para remontar el gravísimo deterioro económico y técnico inducido de manera deliberada en contra de la antigua paraestatal por los sucesivos gobiernos neoliberales, ya fuera mediante su fragmentación en diversas empresas con atribuciones reducidas, solapando el robo de combustibles a gran escala, protegiendo a una dirigencia sindical mafiosa y rapaz o involucrándola en estafas multimillonarias como la referida arriba. Pero también, y de manera trascendental, porque en dicha recuperación se juegan la independencia energética y financiera del país, e incluso sus perspectivas de desarrollo.