Integrantes de la organización Vecinos Unidos Zona Poniente solicitaron a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México detener las obras del Tren Interurbano México-Toluca y los proyectos complementarios, como la ampliación de la línea 12 del Metro, en tanto no sean corregidas las ilegalidades y se cuente con los estudios necesarios para garantizar la protección del patrimonio y la vida de los vecinos afectados, pues los trabajos se realizan sobre zonas minadas.

En conferencia de prensa, indicaron que han acudido a la alcaldía de Álvaro Obregón para exponer la situación a su titular, Layda Sansores Sanromán, pero no han sido atendidos.

Afirmaron que no existe compromiso con los habitantes de las más de 22 colonias afectadas, mientras las obras continúan y los vecinos no cuentan con certeza jurídica sobre lo que ocurrirá con su patrimonio.

Aseguraron que el primero de octubre, cuando rindió protesta la alcaldesa de Álvaro Obregón, le entregaron un escrito solicitándole audiencia sin obtener respuesta.

En tanto, ayer por la tarde, por incumplir con las medidas de protección civil fueron clausuradas las obras en las seis lumbreras de construcción de la ampliación de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro por las autoridades de Álvaro Obregón.

Éstas informaron que la suspensión de las obras se realizó tras las denuncias de vecinos afectados por la construcción, debido a los riesgos que implica para sus hogares la cercanía del proyecto.

No obstante, la principal demanda de quienes han sufrido afectaciones por la ampliación de la línea 12 del Metro, que incluso en días pasados se vieron obligados a cerrar la sede de la alcaldía porque no eran atendidos, es la rehabilitación de alrededor de 160 casas dañadas que han sido reparadas sin ton ni son por las empresas encargadas, que en algunos casos sólo han resanado los inmuebles.

Al explicar los motivos de la suspensión, la alcaldía aseguró que la empresa no presentó su programa interno de protección civil, por lo cual, tras existir un riesgo un inminente, se realizó la suspensión temporal.

Las autoridades expusieron que los permisos del consorcio y las acciones que han puesto en riesgo a por lo menos 11 colonias, la más afectada Primera Victoria, nunca fueron supervisadas por la administración anterior capitalina y las empresas involucradas no han atendido las peticiones de los vecinos.

Al hacer la verificación se detectó que los documentos exhibidos por Prodemex, Proacon y Deterra tenían una serie de inconsistencias graves, como seguros vencidos, no exponer un plan de obra tanto de mitigación como de prevención. En total son 38 inconsistencias en materia de protección civil en esas obras de la línea 12.

Por su parte, la alcaldesa Layda Sansores Sanromán, quien estuvo en el momento de la clausura, apuntó: Entendemos que es una obra muy importante, pero son más importantes los seres humanos.