En los pasados dos años, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) documentó la existencia de 219 desarrollos inmobiliarios ilegales en la Ciudad de México que exceden el número de niveles permitidos.

En su último día de actividades al frente de este organismo, el entonces procurador Miguel Ángel Cancino reveló que en al menos 70 casos solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) iniciar juicios de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa para revertir los permisos otorgados, pero sólo atendió la recomendación en menos de la mitad.

En la pasada administración sólo se logró demoler los pisos excedentes en 10 inmuebles, pero aún están pendientes por derribar 439 niveles irregulares, refirió.

Admitió también que las anteriores autoridades hicieron mal uso de los polígonos de actuación –que permiten la fusión de predios y potenciar la densidad–, pues se abrieron expedientes y se documentaron casos en los que se le dio vuelta a la normatividad, se cambiaron usos de suelo y se incrementó la densidad de viviendas.

Varios fueron denunciados, agregó, pero no se logró detener las obras, como ocurrió en lo que ahora se conoce como el barrio Santa Fe, en el complejo comercial, y otros en los que continúan los litigios, como las torres que se construyen en Paseo de los Laureles 278, en Bosques de las Lomas, o el desarrollo inmobiliario Flow, ubicado en la carretera México-Toluca número 2822, en la colonia Lomas de Bezares.

Consideró que se trata de un instrumento adecuado, pero resulta deficiente y con una amplia discrecionalidad, por lo que debe revisarse y corregirse.

Indicó que en muchas construcciones irregulares no hubo normatividad que las detuviera, y lo más que se ha logrado son suspensiones temporales, como sucede con el edificio en la presa Anzaldo, o el edificio en el pueblo de Contadero, realizada al amparo de la norma 26.

Cancino apuntó que la ciudad necesita vivienda y tiene que haber una política de redensificación que no afecte la calidad de vida de los capitalinos, por lo que confió que con las nuevas normas e instituciones que están por definirse en materia de desarrollo urbano se logre sortear esta problemática.

Habitantes de Coyoacán dieron a conocer ayer una de las más recientes resoluciones del organismo, en la que documentó el daño ambiental ocasionado por la inmobiliaria Quiero Casa, en la obra de Aztecas 215, del pueblo de Los Reyes, por lo que pidieron a las secretarías de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda volver a evaluar los daños.

Expusieron que a cuatros años de realizarse la obra siguen las afectaciones al acuífero somero y el desperdicio de millones de litros de agua que se van al drenaje por las omisión del gobierno de Miguel Angel Mancera.

La construcción, afirmaron los integrantes de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, es una muestra clara de la corrupción inmobiliaria que prevaleció durante la pasada administración.

Consideraron necesaria la revaluación, porque es fundamental ir mucho más allá de revisar el número de pisos y el tapial de la obra; se debe estar en sintonía con la revisión de la Secretaría de Medio Ambiente, porque los impactos ambientales deben estar por encima de los urbanos, apuntaron los vecinos.