Desde hace más de una década, Jalisco enfrenta una grave crisis forense. Datos oficiales revelan que de 2006 a la fecha las autoridades estatales han incinerado más de mil 500 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, incurriendo en graves violaciones a los derechos humanos.

El Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo (Cepad) denunció que se trata de una práctica que refleja la indolencia y debilidad institucional en el estado, pues se niega a las víctimas el derecho a la identidad y el reconocimiento de su estatus legal de muerte, y a sus familias, la verdad, la justicia, la reparación y la seguridad jurídica.

Ante esta situación, el Cepad solicitará la intervención del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, para que el caso trascienda a escala internacional y se detone el proceso de justicia y verdad.

Al presentar un informe en torno a esta problemática, Anna Karolina, del área de Justicia del organismo, detalló que presentaron varias solicitudes de información al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), a fin de conocer la cantidad de personas víctimas de esa práctica institucional.

Los datos revelaron que de 2006 a 2015, el IJCF incineró mil 581 cuerpos no identificados, con autorización de la fiscalía estatal, el Registro Civil, las secretarías de Salud y General de Gobierno, así como de los titulares del Ejecutivo local.

De ese total, señaló Karolina, sólo a 140 cuerpos se les hicieron las pruebas genéticas correspondientes, aunque no se tiene la certeza de quiénes eran, pese a lo cual se entregaron las cenizas a varias familias. El destino del resto de los cuerpos, dijo, termina en las instalaciones del IJCF o en fosas comunes de los panteones del estado.

Consideró que esta incineración de cuerpos puede ser considerada otra forma de desaparición forzada, pues se niega a las familias el acceso a la verdad y a despedir a sus seres queridos conforme a sus creencias y tradiciones. Se han borrado evidencias y las historias de miles de personas, convirtiéndolos en cenizas. Las instituciones públicas dejaron a miles de familiares de desaparecidos con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos incinerados sin identificar se encuentran sus seres queridos, y los privaron para siempre de la posibilidad de recuperar el cuerpo.

Una de esas víctimas es Ana Enamorado, de origen hondureño. Su hijo, Óscar Antonio López Enamorado, desapareció en Jalisco en 2010. Denunció los hechos en 2013 y meses después se encontró un cuerpo colgado en un puente peatonal de Zapopan. Se le dijo que podría tratarse de su hijo y después de unos años la investigación se cerró. Sin pruebas de ADN, se le informó que se trataba de su familiar y sin su autorizaron incineraron el cuerpo.