os precios de garantía para maíz, frijol, arroz y trigo suave marcan un parteaguas después de 30 años de reformas neoliberales en el campo.

Los precios de garantía se eliminaron entre 1989 y 1994 para limpiar el terreno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De un día al otro los campesinos que entregaban sus cosechas a Conasupo a precios garantizados vieron cancelada esa posibilidad y no encontraron compradores para sus cultivos. En respuesta protagonizaron enormes marchas desde el norte hasta el centro del país, hicieron huelgas de hambre, cerraron los puentes internacionales, tomaron las plazas de las ciudades, emprendieron caravanas con tractores, pero a pesar de sus esfuerzos perdieron la guerra por la producción y el mercado de los alimentos. El TLCAN se impuso y transfirió el control del sector alimentario del país a las empresas trasnacionales.

El doctor Zedillo eliminó la Conasupo en 1998, a la par que entregó el mercado de maíz a las corporaciones que controlan el mercado mundial. Las importaciones del grano libre de aranceles inundaron el mercado interno, mientras los sucesivos gobiernos justificaban la dependencia alimentaria como una condición inevitable en la aldea global.

Los campesinos se refugiaron en el autoconsumo y perdieron 2 millones de empleos. Los productores medios que a partir de la organización y de sus empresas sociales intentaban controlar la comercialización de sus productos fueron destruidos desde el gobierno para dejar el campo libre a los grandes productores empresariales –alrededor de 10 por ciento de los productores del país– y a las comercializadoras multinacionales. Para ellos sí hubo subsidios mediante distintos programas –coberturas, transporte, costos financieros, precios objetivo, subsidios a la comercialización– y exenciones de pago de aranceles a las importaciones.

El aumento de la dependencia alimentaria fue paulatino y sistemático, considerado una condición inevitable del libre comercio. Casi 3 mil 800 millones de dólares en importaciones de granos básicos en 2017, que según el orgulloso presidente Peña Nieto se pagaban con la venta de aguacates y bayas al mercado estadunidense.

En este escenario los precios de garantía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador marcan un punto de quiebre. Sin embargo estarán operando en el mercado abierto, al haberse firmado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que impide cualquier tipo de arancel o barrera a las importaciones. Por esta razón no pueden funcionar como un instrumento de regulación, pues se propone que no afecten los precios domésticos, ni el control trasnacional de los mercados.

Los nuevos precios de garantía del maíz y el frijol, cultivos a los que se dedican la mayoría de los campesinos, buscan apoyar su ingreso, fortalecer la autosuficiencia alimentaria de las familias y lograr que cuenten con algún excedente comercializable. Se destinan a productores con parcelas no mayores a cinco hectáreas y tienen un límite de compra de 15 toneladas para el frijol y 20 toneladas para el maíz. El transporte hasta los centros de acopio lo pagará el gobierno.

El organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) comprará la tonelada de frijol a 14 mil 500 pesos, mientras el precio en las regiones productoras es de 9 mil pesos. La cosecha de maíz de otoño invierno se pagará a 5 mil 610 pesos por tonelada, en tanto el precio actual en origen es de 4 mil 200. Ya que la infraestructura del sistema Conasupo se privatizó, Segalmex utilizará la disponible, pública o privada.

Aunque el gobierno ha declarado que espera se reduzcan las importaciones de estos dos granos básicos, 10 por ciento del consumo en el frijol y 45 por ciento del maíz, parece muy poco probable que ocurra, ya que las importaciones no se deben a la falta de producción nacional, sino a las ventajas –precios, subsidios, esquemas financieros– que ofrecen las importaciones a los consumidores industriales de estos productos. El caso más dificil es el maíz. El gobierno sin mecanismos de distribución propios y en el mercado abierto tendrá que vender el maíz acopiado a precio de garantía –cerca de la mitad de la producción nacional– a precio internacional.

Además los campesinos que tienen parcelas menores a cinco hectáreas destinan una buena parte de su producción al autoconsumo, de ahí que si no venden su maíz o frijol, no recibirán el subsidio.

Los precios de garantía para trigo suave y arroz tienen como propósito reducir los volúmenes de importaciones, por ello no hay límite de tamaño de parcela por productor, sino únicamente límites a los volúmenes entregados. Estos productos serán directamente comprados por las agroindustrias, y el gobierno entregará a los productores el diferencial de precios.

Según cifras oficiales, los precios de garantía beneficiarán a 2 millones de agricultores, pero al individualizar la venta, sin considerar el papel de las organizaciones de productores en la comercialización, reproducirán la fragilidad de los campesinos en el mercado.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)