ace unos días, el juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México emitió una sentencia de amparo en favor de la familia Trujillo Herrera, en la que ordena a la cancillería concluir en 60 días el trámite sobre el reconocimiento de la competencia para conocer de casos individuales del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED), órgano nacido de la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas. México ratificó desde 2008 la convención, pero evitó que el comité pudiera conocer de casos individuales.

La sentencia es excepcional, pues somete a escrutinio judicial la política exterior de México en derechos humanos. El fallo insta a que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de desaparición forzada, que por cuanto hace al reconocimiento del Comité CED han sido evadidas por casi una década, impidiéndose así que los familiares de personas desaparecidas acudan a exigir en instancias internacionales la justicia que México les ha negado.

Para nadie es un secreto que la política en derechos humanos del gobierno anterior se caracterizó por no aceptar la crisis que vive el país. Se consideró que el problema era la sobrexposición de México a la vigilancia internacional y, como consecuencia, la administración protagonizó varios desencuentros con órganos internacionales.

Así, se obstaculizó la labor del GIEI, mecanismo creado por la CIDH para supervisar el caso Ayotzinapa, cuando éste comenzó a señalar irregularidades en la investigación. También se tildó de irresponsable y poco ético al entonces relator especial de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, cuando en 2015 diagnosticó que ésta era generalizada en México. En esa misma lógica se inserta la negativa a reconocer la competencia del Comité CED y a permitir una visita oficial de ese organismo.

En diversos momentos, familiares de víctimas, el sistema ombudsman, legisladores, la ONU-DH, el propio comité y otros países durante el Examen Periódico Universal recomendaron a México que permitiera al comité conocer peticiones individuales. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alegó desde 2010 que realizaba consultas entre los propios organismos federales para tomar la decisión correspondiente. Nueve años después, esas consultas no han concluido.

Ante esta cerrazón y, sobre todo, frente a la falta de capacidad de la justicia mexicana para investigar decenas de miles de desapariciones, la familia Trujillo Herrera, con una década a cuestas de búsqueda de cuatro seres queridos, interpuso una demanda de amparo con la representación del Centro Prodh.

Abrir brecha no es nuevo para esta familia. Doña Mary se convirtió en uno de los rostros del dolor durante la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Luego, acompañada por sus hijos Juan Carlos y Miguel, ha sido una fuerza principal para conformar la red de familiares Enlaces Nacionales y para lanzar las Brigadas Nacionales de Búsqueda, ahora mismo en Guerrero.

La sentencia que la familia Trujillo ganó es una oportunidad para la nueva administración federal, pues de manera relativamente sencilla la administración entrante puede mostrar la voluntad política de priorizar la agenda de derechos humanos, no recurriendo el fallo, allanándose a la sentencia y aceptando la competencia del comité para conocer de casos individuales.

Con su participación en la comisión presidencial para el caso Ayotzinapa y con su respaldo al reconocimiento hecho por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ante la CIDH sobre la crisis de derechos humanos que vivimos, la cancillería ha dado señales de querer remontar la herencia del anterior gobierno. Acatar esta sentencia y no recurrirla sería una señal de que la nueva SRE ha comprendido la relevancia de aprovechar esta oportunidad también. Un mensaje de que este gobierno entiende que vale la pena el apoyo de la #ONUParaEncontrarles.

* Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)