Al reconocer la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para recibir y examinar comunicaciones individuales por este delito, el Estado mexicano abriría un nuevo camino para que las víctimas accedan a la justicia, señaló el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.

Dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado señales positivas en materia de garantías fundamentales, por lo que confió en que acepte la competencia del CED, como ordenó hace unos días un juez.

El lunes, La Jornada dio a conocer que el juez tercero de distrito en materia administrativa otorgó un amparo a María Herrera Magdaleno, madre de cuatro jóvenes desaparecidos en dos momentos distintos (dos en Guerrero en 2008 y dos más en Veracruz en 2010–, en el que resolvió que el Estado mexicano debe concluir los procedimientos para reconocer la competencia del comité de la ONU.

Interrogado sobre este fallo, considerado inédito, Jarab subrayó que es una respuesta a las víctimas que han reclamado por años este reconocimiento. Destacó que el gobierno federal actual ha dado señales positivas, como el decreto presidencial para crear la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y el reconocimiento que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que México enfrenta una crisis en la materia.

Se trata de una posición distinta a la asumida por la administración de Enrique Peña Nieto, quien quedó en deuda con las garantías fundamentales al rechazar la competencia del CED, pese a los constantes llamados que hicieron especialistas y diversas instancias nacionales e internacionales, como la propia ONU-DH, para que la adoptara.

Las resoluciones del comité, enfatizó Jarab, tienen carácter casi judicial, pues son vinculantes y los estados señalados están obligados a cumplir sus recomendaciones. Esto puede ser útil en dos dimensiones: se resolverían los casos individuales, pero a la vez se puede generar un impulso para las soluciones sistémicas en México. Es decir, el efecto puede ir más allá de uno o varios casos particulares.

Aun cuando ha habido avances en el país, como la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 y la ley general en materia de desapación de 2017, el titular de la ONU-DH en el país sentenció que el tema de las desapariciones es dramático y las autoridades deben empeñarse en resolverlo. De acuerdo con cifras oficiales, hay más de 40 mil casos en años recientes.

Destacó la necesidad de que México reconozca otros órganos de tratados internacionales, como la atención a casos individuales de la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Niños y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, dijo, la administración federal debe atender la solicitud que el CED hizo desde 2013 para realizar una visita de trabajo al país.