l conflicto de Michoacán (donde ayer se cumplieron 15 días de bloqueos de maestros en vías de trenes) está poniendo en predicamento la relación del gobierno federal con uno de los estatales, del obradorismo con el movimiento magisterial disidente (que fue su aliado electoral) y del espíritu moralista y voluntarista de Palacio Nacional respecto de problemas graves que dañan la economía y otros indicadores pragmáticos.

Hasta ahora, el enorme bono democrático del presidente Andrés Manuel López Obrador le ha permitido salir indemne, e incluso con ganancias demoscópicas, de los varios conflictos que se le han presentado en sus vertiginosos meses de mandatario electo y de constitucional en funciones. Hechos y circunstancias que habrían representado un duro reto para gobernantes al estilo tradicional, se han disuelto sin mayor impacto trascendente contra el peculiar político tabasqueño que a final de cuentas acaba imponiendo su discurso e interpretación de los procesos que emprende.

En Michoacán, sin embargo, se están acumulando ingredientes críticos de dosificación prolongada. Son fuertes las pérdidas que sufren las cadenas de suministro y producción (nacionales e internacionales) interrumpidas por el prolongado bloqueo ferroviario de los profesores disidentes. No es un asunto de discursos, ideologías, justificaciones o conferencias mañaneras. López Obrador está arriesgando, como en otras ocasiones, más de lo usualmente aceptable al encomendar el arreglo del conflicto michoacano al paso del tiempo y a una especie de autoenmienda a la que deberían de llegar los miembros de la CNTE al darse cuenta, según las estimaciones andresinas, de que están actuando incorrectamente, que sus tácticas de protesta no son realmente de izquierda y que la opinión pública no les es favorable.

Encomendar la solución de graves problemas políticos a la intervención de una especie de providencia cívica no parece una buena estrategia. La Presidencia de la República debe hacer política a fondo y con plazos (con inteligencia presionante, más que la fuerza pública), más allá del nefasto origen y la pésima administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo y más allá de los entendimientos tácticos que en materia electoral sostuvo el año pasado con la CNTE. De otra manera, el caso Michoacán podría enconarse y ser aprovechado por los adversarios del obradorismo, que tiene demasiados frentes abiertos al mismo tiempo.

En Matamoros, Tamaulipas, 15 empresas maquiladoras han anunciado que dejarán México, ante la movilización de trabajadores en demanda de aumento salarial y el pago de un bono especial. Aun cuando es un problema marcadamente local, el gobierno federal ha sido acusado por inversionistas de mantenerse ausente, a la vez que segmentos de obreros lo culpan de lo contrario, de privilegiar la paz sin huelgas que se mantuvo durante décadas e intentar el debilitamiento del movimiento obrero que, en otras firmas maquiladoras, ha conseguido la aprobación de sus demandas.

Al aumento de la violencia en las calles de Ciudad de México se ha sumado la existencia de bandas de personas que a las afueras de estaciones del Metro o dentro de sus instalaciones intentan secuestrar a mujeres jóvenes, amontonándose alrededor de ellas y tratando de meterlas por la fuerza a vehículos automotores. En las redes sociales ha habido varias denuncias en ese sentido, con relatos vívidos del terror que han sufrido mujeres a las que los delincuentes suelen adjudicar en voz alta una especie de cotización que habrían de recibir a la entrega de esas mujeres.

Es evidente que el gobierno capitalino, a cargo de Claudia Sheinbaum, tiene en funciones muy poco tiempo y sería desproporcionado exigirle resultados inmediatos en temas tan delicados. Pero pareciera desfasado el gobierno capitalino respecto del federal, con menos pasión e imaginación para hacer sentir a los capitalinos que algo relativamente aceptable se está haciendo en estos y otros casos de una delincuencia sin control.

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