Miércoles 30 de enero de 2019, p. 28
Cuernavaca, Mor., El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo vetó el paquete presupuestal 2019 aprobado la madrugada del 9 de enero por 15 de 20 diputados locales de la 54 Legislatura, quienes desecharon una propuesta del mandatario sin haberla analizado, informó el consejero jurídico estatal, Samuel Sotelo Salgado.
Destacó que ahora el Congreso local deberá manifestarse al respecto, pues el paquete 2019 aprobado por esos 15 legisladores asciende a 25 mil 699 millones 963 mil pesos y rechazaron el enviado por Blanco Bravo, por 24 mil millones 653 mil pesos.
Detalló que hubo inconsistencias jurídicas, pues el llamado G-15 convocó a una sesión extraordinaria sin la presencia de los presidentes de la mesa directiva del Congreso, Alfonso Sotelo Martínez; y de la comisión de hacienda, Rosalina Mazari Espín, violando el artículo 53 del reglamento.
En esa sesión, los 15 diputados (de Morena, seis; del Partido del Trabajo, cuatro; de los partidos de la Revolución Democrática, Humanista, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Social Demócrata, uno cada uno), aprobaron un paquete presupuestal sustituyendo de manera incorrecta al presidente de la mesa directiva (Sotelo Martínez)
, afirmó.
Recordó que el G-15 aumentó 100 millones de pesos a los gastos del Congreso, a pesar de que los diputados de Morena y PT prometieron en campaña austeridad y bajar salarios, “y eso que en esta legislatura bajó el número de diputados de 30 a 20.
En las observaciones que formula el gobernador se establecen las inconsistencias y algunas cuestiones de carácter jurídico por cuanto al procedimiento. Hubo varias violaciones y, en consecuencia, está viciado el procedimiento
, aseguró.
Por su parte, el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, aseguró que aunque el ex gobernador perredista Graco Ramírez y los diputados locales de la pasada legislatura otorgaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) autonomía financiera
, no dejaron recursos para la dependencia.
Explicó que los fiscales general del estado, Uriel Carmona Gándara, y anticorrupción, Juan Salazar Núñez, acudieron al palacio de gobierno para solicitar recursos pendientes de 2018, cuyo destino se desconoce, por lo cual la Secretaría de Hacienda estatal hará una revisión.
Es una deuda sumamente importante la que dejó la anterior administración estatal con la FGE
, mencionó Sanz Rivera.