La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México auditar los permisos otorgados para la apertura de 55 verificentros en la anterior administración, encabezada por Miguel Ángel Mancera Espinosa, tras haberse detectado una serie de irregularidades.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que aún se analiza si se abre una nueva convocatoria, pues el gobierno anterior perdió cerca de 25 juicios de amparo que interpusieron los concesionarios que se inconformaron por el cierre de los verificentros que operaron durante 20 años.

Estamos evaluando si con los verificentros actuales y todos los que finalmente van a tener que volver a abrir vale la pena hacer otra convocatoria, porque ya serían cerca de noventa y tantos verificentros, tomando en cuenta todo lo que se perdió en la administración anterior en términos jurídicos, expuso.

Sin dar más detalles, se comprometió a que en esta semana la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, dé los pormenores sobre este tema, porque ya se hizo una valoración al respecto.

En marzo de 2017, la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada entonces por Tanya Müller, emitió en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México una convocatoria para la operación de 55 centros de verificación vehicular, con nuevas disposiciones, después de 22 años de no haberse actualizado.

En ese momento se contaba con 59 verificentros en la ciudad autorizados en el periodo entre 1996 y 1997, cuyos permisos, de acuerdo con el anuncio de las autoridades de Medio Ambiente, concluían el 31 de diciembre de 2017.

Opacidad en el proceso

En los considerandos, la dependencia capitalina argumentó que la infraestructura de equipos de verificación para la medición de emisiones contaminantes tenía más de 20 años, por lo que se requería que fueran acordes con los avances tecnológicos, la nueva regulación y norma vigente.

Es necesario que dichos centros de verificación tengan una mejor funcionalidad, operación y tecnología de punta, buscando brindar un servicio eficaz y competitivo que conlleve a evitar la corrupción y tener una mejor vigilancia en el proceso de verificación vehicular, inhibiendo con esto actos irregulares, estableció.

Sin embargo, las nuevas concesiones que entraron en vigor el primero de julio del año pasado generaron la inconformidad de los dueños de los antiguos verificentros que fueron excluidos, por lo que interpusieron diversos recursos legales en contra de la acción de la autoridad, tras criticar falta de transparencia en el proceso.