Además de auxiliar a la población en caso de desastres naturales, las fuerzas armadas han sido empleadas –sin un marco legal que les dé certeza jurídica– para combatir al crimen organizado en distintas actividades delictivas. Para ello, el gobierno mexicano ha tenido el apoyo de Estados Unidos mediante la Iniciativa Mérida.

La incorporación a las actividades contra los carteles de la droga y sus células originó un aumento en las quejas contra efectivos castrenses, tanto de la Defensa Nacional como de la Marina Armada de México, por presuntas violaciones a los derechos humanos.

En tanto, los integrantes de las fuerzas armadas se han visto vulnerables frente a las estructuras delincuenciales que utilizan a la población, a cambio de pagos, para manifestarse en contra de los operativos castrenses o para agredirlos.

Además, han sido superados por el armamento que utilizan las organizaciones criminales, como armas de alto poder y lanzagranadas con las que han derribado helicópteros o emboscado a los agentes.

Casos registrados

En septiembre de 2016 un convoy militar que hacía labores de seguridad en Culiacán fue atacado por el cártel de Sinaloa, dejando un saldo de cinco efectivos muertos.

Luego de un primer enfrentamiento, los soldados escoltaban una ambulancia en la que trasladaban a una persona identificada como El Kevin, quien resultó herido; al entrar a Culiacán, las unidades militares fueron atacadas con armas de alto poder y el herido fue rescatado por el comando.

En esa ocasión, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, calificó de enfermos, insanos, bestias y criminales a los atacantes.

En mayo de 2017, militares se enfrentaron a huachicoleros en el poblado de Palmarito, municipio de Quecholac, Puebla.

Un convoy militar acudió, en respuesta a una llamada en la que se denunciaban tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos. En el lugar, Antonio Martínez El Toñín, identificado como líder de la organización, se escudó en los pobladores, principalmente mujeres y niños, para que el Ejército no pudiera entrar.

Militares y civiles resultaron muertos; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó que los castrenses se habían excedido en el uso de la fuerza y concluyó que había ejecutado arbitrariamente a dos civiles.

De acuerdo con el video difundido, se observa cómo una persona dispara a un militar que falleció en el sitio y posteriormente se ve a un efectivo disparando a un civil que había sido detenido.