l gobierno presentó una iniciativa para reformar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con el propósito de fortalecer el ahorro de los trabajadores. El objetivo, en esencia, es permitir a las Afore, las cuales cuentan hoy con sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro para administrar esos recursos, que se transformen en fondos de inversión con una gestión más eficaz. El fin es que quienes se retiren tengan una pensión mayor. Además, habrían de reducirse los costos de operación que ahora merman ese ahorro.

Según aclara la Condusef, un jubilado difiere de un pensionado, pues el primero cuenta con una compensación de su empresa o sindicato, o sea, un monto extra a su pensión para el retiro. La pensión, en cambio, es la cantidad que recibe de modo periódico un trabajador que cotizó por un tiempo determinado ante los institutos Mexicano del Seguro Social o de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La mayor parte de la gente se pensiona y no se jubila.

Las aportaciones de trabajadores, patrones y gobierno federal al SAR conforman cuentas individuales de los trabajadores, donde se acumulan los recursos para las pensiones.

La reforma propuesta apunta a la manera en que se gestiona el ahorro, forzoso principalmente, de los trabajadores y el que hacen de manera voluntaria. En enero de 2018 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) señaló que las aportaciones voluntarias crecieron entre abril de 2013 y 2018 de 15.8 mil millones de pesos a 62.3 mil millones. Esta última cifra equivale apenas a 1.9 por ciento de los recursos totales del SAR, que son del orden de 3.1 billones de pesos. Ello representa casi 15 por ciento del PIB, y son 60 millones de cuentas administradas.

La distinción del ahorro en forzoso y voluntario es relevante cuando se estima la capacidad de los trabajadores jóvenes y de mayor edad en el sistema actual de pensiones creado con la ley de 1997.

En la reforma enviada al Congreso se plantean esquemas diferenciados de inversión, según los estratos de edad, de manera que los fondos puedan colocarse con horizontes de tiempo y riesgos distintos, es decir, mayores para los más jóvenes y más cortos para los que están más próximos al retiro.

Es precisamente el tiempo en que se invierten los ahorros y los criterios de riesgo lo que constituye el principal trabajo y responsabilidad de las Afore. Pero garantías no las hay de un rendimiento determinado. De tal manera que la necesidad de incrementar el ahorro forzoso (el que se descuenta de la nómina) con ahorro voluntario tiende a poner todos los recursos en una misma canasta. Con los esquemas vigentes es muy improbable que las pensiones alcancen para el retiro.

Se estima que con la ley de 1997 se requieren mil 250 semanas de cotización para recibir como máximo una tercera parte del último salario de cotización. Es una carrera contra el tiempo, en la que a una gran proporción de los trabajadores no les alcanzará para poder vivir en el retiro. El tema es de índole actuarial: la población de mayor edad está creciendo y los más jóvenes carecen de trabajos formales, de carácter permanente y de capacidad de cotización suficiente para alimentar el sistema de pensiones tal como hoy existe.

Las condiciones de bajos salarios de cotización, reducidos niveles de rendimiento de los ahorros en el SAR y altas comisiones de las Afore atoran cualquier perspectiva medianamente favorable de retiro. A esto hay que agregar de modo relevante el muy alto nivel de informalidad laboral existente y el hecho de que el producto y el ingreso crecen a tasas bajas para alcanzar un nivel suficiente de reproducción.

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC (CIEP), la tasa de cotización ante el IMSS es una cuota obligatoria con tres fuentes: el trabajador, la empresa y el Estado, es de 6.5 por ciento del salario (según las normas internacionales debe ser de 15 por ciento); la tasa de remplazo (el ingreso con que se va el trabajador es de 28 por ciento de su salario antes de retirarse, mientras se calcula que debería ser de alrededor de 70 por ciento para alcanzar una pensión favorable.

La iniciativa gubernamental apunta a las formas de inversión de los recursos de una masa de ahorro que es insuficiente para mejorar las pensiones. El ahorro voluntario sólo puede crecer si los ingresos salariales son suficientes para cubrir las necesidades de las familias. Una forma de compensar esta limitación es con el acopio de otro tipo de activos (como la propiedad de una casa), pero este asunto tiene sus propias complicaciones.

El asunto de las pensiones y de las condiciones generales del retiro de los trabajadores son mucho más complejas que un cambio en los criterios y modalidades de las inversiones de los recursos que se acopian en las Afore y de las condiciones en que realizan su trabajo de gestión de enormes recursos generados por la sociedad en su conjunto.