a retención de adeudos del gobierno michoacano a maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha provocado un conflicto que afecta al país en su conjunto, dado que los mentores han procedido desde hace dos semanas a bloquear algunas vías férreas de Michoacán.

El justificado descontento de los profesores no sólo se debe al retraso en el pago de sus salarios sino a la falta de acuerdo con las autoridades michoacanas por el destino de 7 mil millones de pesos que habrían debido ser empleados en obras de infraestructura, útiles y uniformes escolares gratuitos, apoyo a los albergues indígenas y otros programas sociales y que el gobernador Silvano Aureoles Conejo no ha entregado.

Peor todavía: según los docentes inconformes, los recursos referidos ni siquiera fueron contemplados en el presupuesto estatal de egresos correspondiente al presente año. En lo que constituye una actitud poco responsable, por decir lo menos, Aureoles Conejo se desentendió del problema, se fue a España con la finalidad de promover el turismo hacia Michoacán, y desde Madrid pidió al gobierno federal, en su red de Twitter, desalojar de las vías férreas a los maestros inconformes.

En tanto, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en voz del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, señaló que el conflicto lesiona la economía nacional en su conjunto, afectando a empresas tanto públicas como privadas; sin embargo, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, ha dejado en claro que no se recurrirá a la represión para liberar las ferrovías en Michoacán.

En suma, corresponde al gobierno de la entidad dar solución al problema y cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos con el magisterio michoacano.

Es inadmisible que las omisiones e irregularidades de las autoridades de Morelia hayan escalado hasta provocar semejante afectación a la normalidad en el estado, dando lugar a acciones que ciertamente resultan lesivas para la economía del país.

Sin desconocer que a los maestros inconformes les asiste la razón en sus demandas, sería deseable, por otra parte, que tuvieran en mente las proporciones y las causales a la hora de definir sus acciones de protesta y las dirigieran hacia las instancias generadoras del descontento, sin perjudicar la actividad productiva nacional.

Cabe esperar, finalmente, que el gobierno de Aureoles Conejo asuma su responsabilidad en este caso y en lugar de pedir al Ejecutivo federal la aplicación de medidas coercitivas, sea capaz de atender y resolver mediante el diálogo, la negociación y el cumplimiento de sus obligaciones un conflicto que él mismo ha provocado.