El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que tiene un inventario de 58 mil 659 créditos con casas en abandono y que de 2014 a la fecha suman 259 mil casos en procesos judiciales.

En conferencia de prensa, su director Carlos Martínez Velázquez, dijo que el proceso de subasta de casas en esa situación el año pasado dejó pérdidas por 245 millones de pesos. Agregó que en su mayoría los casos están en Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

También anunció que investigará las prácticas de los despachos de cobranza a los que, durante el ejercicio 2018, los deudores pagaron 8 mil millones de pesos. Dijo que son altamente beneficiados por esas políticas judiciales; se están enriqueciendo ciertos abogados.

El subdirector de cartera del Infonavit, Bernardo Altamirano Rodríguez, explicó que el instituto trabaja con 170 despachos de cobranza a nivel nacional y 70 extras que operan en el ámbito de las delegaciones y de los estados; de este universo, solamente 84 cuentan con autorización –de la administración pasada– de hacer procesos de juicios masivos.

Además, dijo que quedó un pago pendiente por más de mil millones de pesos por trabajo hecho entre octubre y diciembre del 2018. Expuso que desde 2014 en Nayarit y Coahuila se han procesado 30 mil y 100 mil casos, respectivamente.

El director del instituto también informó que solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para revisar el programa de cobranza social y diseñar una política que ponga en el centro de su actuar el derecho humano a la vivienda.

Martínez Velázquez informó que generarán un estándar de cumplimiento para los despachos de cobranza en materia de derechos humanos, protección de datos personales y de las mejores prácticas de transparencia.

Además, buscarán instancias académicas y de transparencia para establecer criterios mínimos que deban cumplir para que puedan ser contratados: Ya no vamos a tener despachos a modo.

Recordó que el pasado 27 de diciembre su administración solicitó una auditoría para detectar responsabilidades, malas prácticas u omisiones en el proceso de recuperación de viviendas irregulares que hayan dado lugar a la adjudicación ilegal de inmuebles.

Lo anterior se suma a la suspensión temporal de los procesos de subastas de vivienda recuperada que el Infonavit anunció en diciembre pasado.