El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la reasignación de los recursos que ejercerá este año para absorber el recorte presupuestal de 950 millones de pesos. Al justificar la decisión, el consejero presidente Lorenzo Córdova sostuvo que para enfrentar esta situación grave e inédita se optó por una salida delicada, pero la menos riesgosa, pues determinó que se postergará el cumplimiento de sus obligaciones fiscales hasta obtener una ampliación.

Durante la sesión del consejo, Córdova advirtió que la reducción se dio en un contexto en el que Presupuesto de Egresos de la Federación creció 5 por ciento en términos reales. Es decir, no había una razón fundada para el recorte del que el INE fue objeto, ni desde el punto de vista económico ni mucho menos constitucional.

Como parte de su estrategia legal, por la mañana el INE presentó de manera formal su controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del recorte decretado por la Cámara de Diputados, que lo colocaba en riesgo de cumplir con sus obligaciones constitucionales y, en especial, sus tareas en la organización de las cinco elecciones locales a realizar en este año.

Al ser entrevistado, Córdova precisó los alcances de la decisión: Esto no es pleito con nadie; la controversia que se presentó es una defensa del orden constitucional para que el órgano facultado para interpretar las normas fundamentales, es decir, la SCJN, resuelva un diferendo jurídico.

Con la oposición del consejero José Roberto Ruiz Saldaña –quien consideró que el INE tenía áreas de oportunidad para absorber todo el recorte–, el aval del PAN y el PRD, que consideraron el ajuste como un embate contra la autonomía del organismo, el consejo del instituto aprobó a instruir al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, a gestionar una ampliación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda.

El INE absorberá 330 millones de pesos con reducciones en algunas partidas: 32 por ciento en telefonía convencional, casi 30 por ciento en pasajes, 29 por ciento en viáticos; 25 por ciento en asesorías, 10 por ciento en combustible, así como la supresión de varios proyectos y reducciones sustantivas en otros. Sin embargo, gestionará ante la SHCP los 619 millones de pesos que corresponden al gasto de las elecciones locales de este año.

En su intervención, la consejera Claudia Zavala, quien encabezó la comisión temporal del presupuesto, criticó las motivaciones del ajuste y explicó sus posibles alcances: “La reducción, desde mi óptica, atenta contra la independencia de este órgano del Estado, porque en los hechos se quiere someter al INE por la vía del presupuesto (…) El INE es ante todo una institución cuya autonomía e independencia dista mucho de ser una concesión del poder”.

Zavala aseguró que el costo del modelo electoral no lo determinamos nosotros, no lo determina el INE, el costo de ese sistema es resultado de la suma de todas las atribuciones que nos otorga la Constitución y la Ley Electoral vigentes.

Para la consejera Dania Ravel, la reducción de 950 millones de pesos colocó al INE en una situación comprometida para cumplir con sus facultades, al orillarlo a buscar alternativas para lograr una ampliación presupuestal. Sin embargo, acotó: Estoy convencida que depender de una ampliación presupuestal para el cumplimiento de nuestras funciones de alguna manera violenta la autonomía institucional, al hacernos tomar determinaciones respecto a decidir qué obligaciones legales cumplir en tiempo y forma y cuáles obligaciones podemos postergar, se está violentando la autonomía institucional.

Por 10 votos a uno, el consejo aprobó la estrategia para solventar la situación.