La crisis que vive México en materia de derechos humanos impide que las víctimas puedan coincidir con la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de borrón y cuenta nueva, señalaron integrantes de colectivos de familiares de personas que han sido vulneradas en sus garantías, durante la conferencia internacional Lecciones para México: libertad de expresión y procesos de transición.

En ese contexto, Ángela Buitrago, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa, detalló algunas formas de alcanzar un proceso de justicia transicional, la cual debe poner en el centro a las víctimas. Aunque este procedimiento no necesariamente conlleva sanciones, sino responsabilidad, pues se puede otorgar amnistía a quienes colaboren con información que conduzca a la verdad, con los límites del derecho internacional.

Mirna Medina, fundadora del grupo conocido como Las Rastreadoras, subrayó que sin justicia para las víctimas no podrá haber transformación en el país. Justicia no es venganza.

Confió en que a diferencia de administraciones anteriores, el gobierno de López Obrador escuche, actúe y dé resultados. Ojalá se alcance el objetivo de miles de familias: verdad, justicia y no repetición.

Medina, quien después de tres años de incansable búsqueda encontró en una fosa clandestina a su hijo Roberto, desaparecido en Sinaloa en julio de 2017, destacó la necesidad de la colaboración externa mediante un mecanismo internacional contra la impunidad, a fin de alcanzar justicia en el país.

Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es menos optimista. Mi esperanza está únicamente en la doctora Olga Sánchez Cordero (titular de la Secretaría de Gobernación), pero no sé si tenga la capacidad para enfrentar la gravedad del problema. Somos muchos exigiendo justicia.

Andrade, cuya hija Lidia fue víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, se manifestó en desacuerdo con la idea del perdón y olvido para quienes han cometido crímenes en sexenios anteriores.

Buitrago dijo que la justicia transicional debe trabajarse de la mano con la sociedad. Subrayó que este proceso de transición no garantiza por sí mismo un cambio, sino que debe ir acompañado de medidas sociales y políticas que garanticen sobre todo la no repetición.

Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en Chiapas, indicó que en el país no habrá justicia transicional mientras existan servidores públicos relacionados con crímenes o actos de corrupción en anteriores administraciones, como es el caso del hoy senador y ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien dejó al estado en una crisis severa.

Carolina Robledo, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, indicó que estos testimonios nos dicen que son sujetos constructores de su propia historia y nos hacen preguntar cuál es el papel del Estado. Uno que es paradójico: produce medidas para proteger los derechos, pero a la vez los reprime.