Conceder potestad a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil, ratificó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

En su mensaje ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman criticó la intervención del Ejército y la Marina en la integración de la Guardia Nacional. Dejó entrever que en México no se presenta una lucha épica entre buenos y malos, ni de patriotas contra traidores.

El reto de las autoridades es asumir cabalmente las funciones que como gobierno se les ha encomendado, para que por medio del cumplimiento y aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del estado democrático, logremos recuperar la paz, la seguridad y la armonía de nuestras relaciones sociales.

González Pérez acudió a San Lázaro a entregar su informe de actividades 2018, donde abundó en un tema sustantivo para el futuro de la incipiente democracia mexicana: la Guardia Nacional y la participación de las fuerzas armadas regulares en su integración.

“Coincidimos en que nuestro país necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo. Requerimos de la seguridad propia de un estado democrático de derecho (…) reiteramos el llamado que hemos hecho a que nuestro país, por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática”.

Si bien el titular de la CNDH presentó alarmantes cifras sobre violaciones a los derechos humanos, el reproche se centró en la Guardia Nacional, pues expandir la influencia de las fuerzas armadas a la seguridad pública es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza; existe el riesgo de que en la práctica dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades en favor de la autoridad civil.

González Pérez argumentó contra el otorgar esas facultades al Ejército y la Marina, porque la propuesta de que la guardial tenga mando administrativo civil, como se ha planteado, continúa siendo una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visión coyuntural y de corto plazo que generaría el riesgo de vulnerar derechos humanos, no garantizaría terminar con la impunidad y debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática.