on una premura derivada de la urgencia que tienen por satisfacer la indicaciones que al respecto ha dado Palacio Nacional, los operadores de Morena en el Congreso federal (Mario Delgado y Ricardo Monreal) pretenden aprobar aunque sea a tropezones la Guardia Nacional.

La incontrovertible mayoría aritmética de Morena en las cámaras legislativas buscará que tal proyecto de militarización sea aprobado en un periodo extraordinario de sesiones que podría ser convocado hoy a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. No hay dictamen de las comisiones de trabajo que en el Senado recibieron la minuta proveniente de San Lázaro y, para cumplir el trámite de hacer algún tipo de consulta, se citaría al vapor a secretarios del gabinete obradorista para que comparezcan a explicar algunos puntos del citado plan de la Guardia Nacional.

El descuido de las formas, además de la fuerte polémica sobre el fondo, pretende evitar que el paso de unas semanas más sin aprobar el proyecto pueda multiplicar y fortalecer las objeciones del caso. En concreto, el partido dominante, y sus aliados, buscan disolver la insatisfacción que abiertamente expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que por mayoría de votos decidió la Cámara de Diputados, pues en esa resolución no se incluyó un artículo transitorio (que no había formado parte de las discusiones internas en San Lázaro, hasta que llegó de parte de la Secretaría de Gobernación, es decir, de Palacio Nacional) que a contrapelo de la actual letra constitucional otorgaría a las fuerzas armadas la facultad de integrar la citada Guardia Nacional, en tanto los cuerpos policiacos se llegan a profesionalizar o en tanto el actual desbordamiento criminal fuese frenado.

Ese artículo transitorio, que ni siquiera fue considerado por la bancada de Morena en San Lázaro en la minuta que aprobaron, condensa el espíritu real de la militarización buscada: todo el rollo legal y político que se plantea en lo general, a través de ese transitorio, aterriza en el aspecto específico de la habilitación de las fuerzas armadas para el cumplimiento de tareas de índole civil, durante un lapso que se dice podría ser de cinco años.

Sobre el punto se han manifestado diversos organismos defensores de derechos humanos a escalas nacional e internacional y se han invocado diversos tratados internacionales que serían contradichos con la pretensión del artículo transitorio que a la carrera quiere insertar el Senado para devolverlo a San Lázaro, donde la mayoría aliada de diputados muy seguramente buscaría aprobar la modificación sin mayor contratiempo.

Está resultando fácil ceder a la tentación de entregar más porciones de poder a unas fuerzas armadas que durante estas semanas de obradorismo han tenido una preponderancia nunca antes vista (de constructores de pistas aéreas y de unidades inmobiliarias de lujo a departamento de personal para contratación de choferes de pipas). La herencia de criminalidad creciente que recibió el obradorismo lleva al actual gobierno a considerar que necesita con urgencia instrumentos de control militar. Valdría recordar una de las frase de la campaña del político tabasqueño: abrazos, no (más) balazos.

De gira por el estado de México, donde Alfredo del Mazo recibió abucheos de ínfima proporcionalidad en relación con el pésimo gobierno que ha hecho, el presidente López Obrador ofreció apoyos económicos y de asistencia social para los pobladores que decidan dejar el huachicoleo (trabajo digno, entre otras ofertas gubernamentales, aspiración que no alcanzan muchos de quienes se mantienen al margen de ese tipo de saqueos). La pinza de apoyo social va de la mano del combate directo al robo de combustible, en un escenario donde ha disminuido el problema del abasto en algunas ciudades, pero se mantiene vivo en otras (Guadalajara y, ahora, Monterrey, por ejemplo), además del constante ataque de bandas delictivas que pinchan ductos de manera sistemática.