El director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, acusó que la anterior administración dio tal poder al sindicato de la corporación, a grado tal que éste impuso a los titulares de las áreas administrativas de la institución.

En entrevista con este diario señaló que eso provocó que hubiera una mala toma de decisiones que afectó el trabajo operativo de los bomberos, como la compra de vehículos, materiales e insumos que no cumplen con las especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del trabajo diario, lo que pone en riesgo la vida de los tragahumos.

Agregó que el personal administrativo denunció que sus derechos eran violentados y que fueron víctimas de agresiones, acoso y hostigamiento sexual contra mujeres, e incluso despidos ordenados no sólo por directivos, sino también por los mismos representantes sindicales.

Incluso, subrayó, en el conflicto por el reclamo del sindicato de 330 puestos, entre las mismas personas a las que se les ofreció ingresar al Cuerpo de Bomberos hay quienes han señalado que les vendieron las plazas entre 150 mil y 300 mil pesos.

Pérez Cova dijo que en la anterior gestión el sindicato dejó de ser un contrapeso de la administración en la defensa de los derechos de los trabajadores para convertirse en gobierno mismo.

Pese a esta situación, aseguró que se ha logrado recuperar el control de la dirección del Cuerpo de Bomberos, aunque reconoció que se requiere una restructuración en el área operativa para que éste sea pleno, sin que intervenga el sindicato.

En ese sentido, señaló que ya se emprendieron acciones, como la creación de una nueva dirección y subdirección operativa, por lo que ahora habrá dos direcciones y cuatro subdirecciones operativas en las que se dará oportunidad a los bomberos mejor capacitados de participar en un proceso de selección para ocupar esos puestos.

Sobre el conflicto por la creación de 330 plazas, manifestó que fueron aprobadas por la gestión pasada mediante un convenio entre el ex director general de la corporación –impuesto por el sindicato– y la representación gremial, en el cual la Contraloría General del anterior gobierno local concluyó que está viciado de ilegalidad.

Lo anterior, dijo, ha dejado en la incertidumbre a 330 personas, por lo que se les ha informado que el gobierno de la ciudad está impedido de pagar los salarios que reclaman, puesto que no tienen contrato, y aunque todos los días acuden a las estaciones de bomberos, la instrucción es que no pueden atender llamadas de emergencia para no poner en riesgo su integridad.