idalgo ocupa el escalón número dos, a escala nacional, entre los estados huachicoleros, sólo debajo de Puebla –campeona en estos menesteres–, y forma parte de las 10 entidades de la República con mayores índices de pobreza. Ambos elementos, ilegalidad y miseria, parecen ser la combinación perfecta –llamémosla así– para el auge de las tomas clandestinas.

Sólo para dar una idea de qué se trata, independientemente del robo directo de combustible en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, el número de tomas clandestinas en Hidalgo se duplicó en 2018 (poco más de 2 mil) con respecto a las registradas en 2017 (por arriba de mil y piquito).

La mafia huachicolera –tal cual sucede en otras actividades ilegales– aprovecha la depauperada condición de millones de mexicanos para expandir su negocio y contar con suficiente carne de cañón, en el entendido de que los pobres ponen el pecho, mientras los señores de cuello blanco se dedican a hincharse de billetes ante la complaciente –aunque no gratuita– mirada de la presunta autoridad.

Y en el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, como en tantas otras localidades de la República (en 2018 se registraron tomas clandestinas en 25 estados de la República, de acuerdo con Petróleos Mexicanos), la mafia explotó la crisis económica y social de sus pobladores, al tiempo que aprovechó tal inhumana condición para enviar un claro mensaje a quienes intenten desarticular el jugoso negocio al que se dedica.

De acuerdo con el Coneval (2010), 95 por ciento de habitantes de Tlahuelilpan es pobre o socialmente vulnerable, y las carencias van de la alimentación a los servicios de salud; de la educación a la vivienda; de la seguridad social a los servicios básicos. Noventa y cinco de cada 100 pobladores.

Con el auge huachicolero, siendo Hidalgo el segundo estado en orden de importancia nacional en este flagelo, más el avance de la pobreza, tarde que temprano sucedería una tragedia de proporciones dantescas, como la registrada el pasado viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo. Y muchas más están latentes.

De hecho, los avisos se sucedieron cuando menos desde 2016, pues en los municipios de ese estado de la República los accidentes relacionados con las tomas clandestinas –de mayor o menor magnitud– es historia de prácticamente todos los días, de tal suerte que sólo era cuestión de tiempo.

Hasta ahora, 79 muertos, 64 desaparecidos y 70 heridos es el saldo de la explosión en Tlahuelilpan, mientras los pobladores buscan restos de sus familiares entre los escombros de la zona siniestrada –excavación incluida–, con todo y que corren el peligro de volver a perforar el ducto, independientemente de que ello impide continuar con los trabajos de peritaje.

Dice Alejandro Gertz Manero, flamante fiscal general de la República, que la fuerza de la explosión fue de tal naturaleza que prácticamente lo único que quedó fueron los terrenos. De ahí que la institución a su cargo trabaje varias hipótesis de investigación, presunciones de responsabilidad, pero de ninguna manera vamos a victimizar a las comunidades.

Entonces, ¿simple chispa, fricción en ropa sintética, cigarro encendido en la zona, acto de sabotaje? Ya se documentará, pero en vía de mientras el presidente López Obrador ha sido muy claro: ni un paso atrás en el combate al huachicol. Aunque duela mucho, no vamos a detenernos. Vamos a erradicar esto que no sólo daña materialmente, no sólo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, comercio negro, este mercado negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas. Desgraciadamente ayer le tocó a la gente de Hidalgo, pero es un riesgo constante, permanente.

Las rebanadas del pastel

AMLO lo resume así: Pemex y el gobierno en general estaban al servicio de gente sin escrúpulos. Las instituciones estaban secuestradas por bandoleros, por una pandilla de rufianes, de corruptos… ¿Casualidad que 24 horas después de la tragedia asesinaran a La Parca, líder huachicolero en la zona de Tlahuelilpan?

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