as escenas que pueden verse de la explosión en Tlahuelilpan son una expresión más del profundo rompimiento social que se ha provocado en México, sobre todo en los pasados dos decenios.

En este tiempo nos hemos confrontado con reseñas, imágenes y testimonios de las repercusiones del tráfico de drogas, los secuestros, la violencia desatada, las fosas llenas de cadáveres, los homicidios –en especial feminicidios– y la corrupción. Y ahora las consecuencias del huachicol, que se ha convertido en gran negocio ilegal de mafias de todo tipo, toleradas por anteriores gobiernos y por Petróleos Mexicanos.

Lo ocurrido en ese municipio de Hidalgo el viernes pasado obliga otra vez a reflexionar sobre la degradación que pesa sobre esta sociedad. Una fuga provocada en un importante ducto de gasolina se convirtió en una tragedia que costó la vida a decenas de personas y dejará una marca más allá de esa población.

La gente corrió hacia el ducto agujereado con bidones y garrafones para hacerse de unos litros de gasolina, y cuando la fuga se convirtió en fuente los consumió. Una reseña periodística recoge lo dicho por una mujer que regresaba a la zona y vio lo que ocurría. Sus palabras son las más precisas para describirlo: Vaya, era un desmadre.

Los pocos soldados que habían sido enviados al lugar no contuvieron a los pobladores, quienes llegaban en camiones, según dijo uno de ellos. Era como una procesión, una fiesta, expresó otro.

Se cita al presidente Andrés Manuel López Obrador declarando que lo que pasó en Tlahuelilpan puede repetirse, que es un riesgo constante. Dijo que se ha llamado a la gente a que deje esas actividades; remató señalando que ahora que el gobierno atiende las demandas de la población, se inscriba en los programas sociales.

Este planteamiento parece extraño y exhibe entonces las carencias y fallas, por largo tiempo, de muchos de esos programas y su falta de penetración entre la gente. Los que este gobierno quiere implementar son aún proyectos y tardarán mucho tiempo en conseguir dicha penetración, si es que lo logran. He ahí una prueba grande para la definición de la política social y, sobre todo, para su instrumentación. He ahí, también, una prueba para el activismo gubernamental, que se ha propuesto conseguir así uno de sus principales propósitos, que es reducir la desigualdad económica.

Otro aspecto llamativo es la manera en que se usó al Ejército en este caso. Los soldados presentes eran insuficientes y nadie les hizo caso. No se envió a más para controlar la situación. Cuál es, pues, la política respecto de la seguridad, tema que ha concentrado la atención política y de la sociedad en torno a la guardia nacional.

El Presidente ha reiterado que su política al respecto es que él cree en el pueblo y confía en la gente. Este es un supuesto que habrá que comprobar y los costos parece que pueden ser muy elevados. Dijo que su decisión es no enfrentar a la población, que esa no es una orden, sino una política de Estado. Quiere evitar la confrontación, incluso por ahora con los involucrados en Pemex. Hay que dar opciones, señala, y no sólo actuar de modo coercitivo.

Esta postura ha quedado clara, lo que no es cómo se atajan situaciones como la de Tlahuelilpan. Extrema, ciertamente, pero que se repite de manera distinta en otros ámbitos.

El gobierno no sólo puede consentir y tolerar según los principios que se ha fijado y para aquellos grupos a los que ha identificado como prioridad política. Esa prioridad puede ser justificable, pero no elimina ni debe marginar la responsabilidad de proteger la vida, la seguridad, las posesiones de todos los ciudadanos, condición que parece más adecuada en estos tiempo que la de pueblo.

El orden en los asuntos públicos tiene que ser definido de manera clara y con ello las funciones de los encargados de establecerlo. El caos es desestabilizador. Este es uno de los puntos clave de la estrategia que se sigue en esa materia, y que ha provocado tanta controversia. Cada vez es más notoria la relevancia del tema de la seguridad y las formas propuestas para conseguirla. Otra vez, el caso de la guardia nacional, las funciones y alcances que para ella tienen los cuerpos militares.

El objetivo, defendible en principio, de combatir la corrupción en general y, en el caso que aquí ocupa, la asociada con el robo de gasolinas y todas sus ramificaciones ha tenido una dura prueba en Hidalgo. El desabasto de combustible se ha aminorado, pero el riesgo en los ductos sigue siendo enorme y los intereses de las mafias son poderosos.

La políticas públicas se definen en oficinas, pero se instrumentan en ámbitos muy diferentes. La distancia entre unas y otros es enorme, como se ha visto en semanas recientes