n la noche del 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente entonces de nuestro país, expidió el decreto por el que se expropiaban las instalaciones de las empresas extranjeras y estadunidenses, donde se extraía, almacenaba, procesaba y distribuía el petróleo que era nuestro, motivando el entusiasmo y el respaldo total de la población mexicana, que supo valorar la trascendencia de esa visionaria medida para el futuro de la nación. Ocho años después, en 1946 México era considerado como una referencia del crecimiento económico mundial, mientras que los principales diarios europeos se referían al crecimiento de nuestra economía como el milagro mexicano. En ese tiempo se creaban los primeros hospitales del IMSS, mientras que el enorme parque de locomotoras de vapor de Ferrocarriles Nacionales de México era sustituido por otro compuesto por las nuevas locomotoras híbridas (diésel-eléctricas) para mover mercancías producidas en el centro y el norte de la República, hacia los centros de consumo y los puertos principales para su exportación. Todo esto era posible gracias a los ingresos obtenidos de las ventas de los productos petroleros, que eran utilizadas en estos nuevos proyectos, que transformaron la vida del país. Los recursos económicos producidos por esas ventas de Pemex a las naciones aliadas continuó creciendo, aun después del fin de la guerra mundial, durante la reconstrucción de los países de Europa y de Japón, haciendo posible la creación de Ciudad Universitaria considerada como las instalaciones universitarias más grandes y modernas del mundo, luego de ser terminadas en 1953.

El crecimiento económico de nuestro país continuó durante más de una década, con un ritmo mayor al de 5 por ciento anual, sin que el gobierno recurriese al endeudamiento, lográndose entre otras cosas la electrificación de todo el país mediante la construcción de grandes hidroeléctricas, como la del Infiernillo, en Michoacán y la del Malpaso, en Chiapas, así como las termoeléctricas construidas en varios estados. Posteriormente, los sucesivos gobiernos de la República dejaron de informar a la sociedad el monto y el uso que se daba a los excedentes petroleros, que gradualmente dejaron de ser utilizados en inversiones productivas para financiar el gasto corriente del gobierno. A partir de 1982 los gobiernos neoliberales, comenzando con el de Miguel de la Madrid, establecieron una política diferente, orientada a atraer inversiones extranjeras ofreciéndoles atractivas exenciones fiscales, mientras los ingresos petroleros eran utilizados para financiar el gasto corriente del gobierno. Las consecuencias inmediatas de esta política fueron la reducción de las inversiones gubernamentales para obras de infraestructura y la incapacidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) para mantener no sólo su propio crecimiento, sino también las condiciones óptimas de sus instalaciones e infraestructura. A partir del gobierno de Carlos Salinas, el desarrollo nacional en materia de comunicaciones y de infraestructura en general comenzó a ser financiado con la participación de capital extranjero y de empresarios nacionales, reduciendo los niveles de endeudamiento (explícito) del gobierno mediante concesiones que generaban utilidades importantes para los inversionistas mexicanos y extranjeros mediante la explotación directa de las obras de infraestructura concesionadas y de nuevas exenciones de impuestos para ellos; en apariencia la economía del país crecía, pero con ello la pobreza crecía aún más en amplios sectores de la población, mientras Pemex, la columna fundamental de la economía mexicana sufría las consecuencias; sus ingresos habían dejado de ser orientadas a beneficiar a la población y al mantenimiento de las instalaciones de la empresa, utilizándose en su lugar, para sostener el gasto corriente del gobierno.

De manera paralela, los sucesivos grupos políticos que se fueron adueñando del poder gubernamental –cada vez más alejados del pueblo al que pretendían gobernar– vieron en Pemex nuevas posibilidades de explotación, ya no para servir al país, sino buscando sus propios beneficios, creando estrategias que quedaban contenidas en una sola palabra: corrupción, practicada ya de tiempo atrás para lograr la incondicionalidad de los líderes del sindicato petrolero y poder manipular a los trabajadores de la empresa. Fue así, que el solo control de la dirección de la empresa y de sus líderes sindicales, llamados charros, ofrecía enormes posibilidades de nuevos negocios para cada grupo que se hacía del poder. Así, la estrategia utilizada por Fox para pagar a quienes le habían financiado su campaña política (los llamados Amigos de Fox) dio lugar a nuevas formas de sustracción de los recursos de Pemex por parte del equipo cercano de Fox, como los contratos a la empresa Oceanografía y el inicio de las operaciones de huachicoleo, el cual creció de manera desmedida durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, seguramente con el conocimiento y aquiescencia de estos, acompañados de una buena tajada para ellos.

Hoy, las dimensiones de estas operaciones realizadas por una mega organización delictiva que incluye a altos funcionarios de Pemex, a mandos medios y trabajadores de la misma empresa, a militares, a empresarios dueños de gasolineras, a políticos y comunicadores que contaban con gasolineras concesionadas e incluso a cárteles delictivos, implicaron daños al patrimonio nacional por muchos miles de millones de pesos cada año. Aunque es temprano para ver los beneficios de las acciones emprendidas por el gobierno, es predecible que estos nuevos recursos comenzarán a ser utilizados para mejorar las condiciones económicas del país. Nuevamente el petróleo comenzará a ser nuestro y podremos saber en que se utilizan los ingresos generados con estos recursos que posiblemente lleguen a ser similares a los logrados con la expropiación petrolera. ¿Podremos saber pronto a quienes han sido los responsables y, sobre todo, a quienes estaban al frente de este mega fraude a la nación? ¿Serán juzgados por sus crímenes?