La discusión de la reforma a la Constitución para incluir en los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el robo de combustible, corrupción y uso de programas sociales con fines electorales, se trasladó hasta febrero, con el fin de abrir consultas y obtener un respaldo que la legitime.

En la Cámara de Diputados ayer sólo se tramitó la declaración de publicidad, pero más tarde los coordinadores parlamentarios acordaron excluir el tema del periodo ordinario de sesiones y agregar el dictamen hasta el próximo 5 de febrero.

En las audiencias sobre la Guardia Nacional, la semana pasada diputados de Morena, PRI, PAN, MC y PRD plantearon posponer el debate, mientras ayer el tricolor condicionó sus votos a que se abrieran audiencias públicas.

La reforma obliga, en los transitorios, al Congreso para que reforme, en el artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los tipos de esos tres delitos.

Además, prevé que la prisión preventiva oficiosa en materia de corrupción comenzará a aplicarse en cuanto se designe al titular de la Fiscalía General de la República, respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con ese ilícito.

El dictamen excluyó ilícitos que ya habían sido agregados: feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, robo de casa habitación, robo a autotransporte de carga, desaparición forzada de personas, en materia de uso de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Según la Comisión de Puntos Constitucionales, la inclusión de esos delitos en el catálogo sería violatorio de la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, igualdad, integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos.