A un año de su entrada en vigor, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares tiene severos pendientes para su correcta aplicación. Esto ha impedido combatir la impunidad, realizar los adecuados procesos de búsqueda de las personas ausentes y mantiene a las familias de las víctimas en la incertidumbre.

Durante un conversatorio sobre el tema convocado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, los participantes indicaron que si bien la aprobación de la ley es una esperanza para combatir este delito, aún se presentan muchas dudas.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, detalló los avances y las fallas en la aplicación de la ley. Entre los primeros ubicó la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la aprobación de la Ley Federal de Ausencia y del Protocolo Homologado de Investigación para este delito –aunque no se cumple en todas las entidades– y la puesta en marcha del Programa Nacional de Búsqueda.

Sin embargo, los déficit aún son grandes, pues no se cuenta con el Banco Nacional de Datos Ferenses ni con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas; y sobre todo, subrayó, sólo 11 de las 32 entidades federativas han creado sus comisiones locales de búsqueda (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz).

Además, nueve estados tienen pendiente la instalación de fiscalías especializadas sobre desapariciones: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Sonora.

Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, planteó que la aprobación de la ley –vigente desde el 16 de enero de 2018– representa un gran logro para las familias y la sociedad civil. Pese a ello, a un año estamos con muchas dudas y decepciones. La puesta en marcha a escala institucional ha sido lenta y hay pocos resultados concretos.

Destacó la necesidad de que las autoridades de todo el país tengan un compromiso para combatir este delito y, sobre todo, para que en todas las políticas relacionadas con el mismo se tome en cuenta e las familias. La posición del nuevo gobierno federal, dijo, es esperanzadora y confió en que la comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa no eclipse al resto de los miles de casos de desaparición en el país, sino que sea un ejemplo para su resolución de éstos y de garantías de no repetición.

Araceli Salcedo, del MNDM y quien por más de seis años ha buscado a su hija desaparecida en Orizaba, Veracruz, lamentó que durante el último año de gobierno de Enrique Peña la implementación de la ley se haya visto limitada por una serie de procesos burocráticos y la falta de compromiso de las autoridades.