o se me ocurre una manera de construir un régimen democrático de derecho que no sea por medio del combate a quienes se benefician de la ilegalidad.

El pleito que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido contra la venta ilícita de combustibles constituye un primer lance en lo que será un larguísimo camino hacia el establecimiento de un estado de derecho en el país, con todos los riesgos que una acción como ésta implica y dispuesto a pagar los costos necesarios que, por cierto, podrían ser enormes.

La osadía y el arrojo mostrados por este gobierno ha tenido ya un primer logro importante: reducir el robo de combustibles de más de 80 mil barriles diarios, a sólo 2 mil. Las medidas adoptadas, sin embargo, le han valido severas críticas y el enojo de sectores de la sociedad que exigen la normalización del abasto de las gasolinas y una estrategia clara para futuras batallas contra el huachicol que, demandan, no afecte a los ciudadanos.

Pero quizás lo más relevante hasta ahora es que el gobierno lopezobradorista ha conseguido la exposición pública del tamaño de la red criminal. Ha podido mostrar, al menos parcialmente, al animal que todos sabíamos que existía, pero que permanecía encubierto –y acaso minimizado intencionalmente– bajo la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales de diversas regiones y entidades del país, así como de funcionarios y del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), que durante años se beneficiaron de esta muy lucrativa actividad.

Los primeros datos obtenidos por la Unidad de Inteligencia Financiera señalan que el lavado de dinero obtenido por el hurto de gasolinas podría alcanzar 45 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil millones implican a empresarios y funcionarios.

Para realizar el blanqueo de los recursos provenientes del huachicol tienen detectadas –hasta ahora– transferencias internacionales por más de 2 millones de dólares, compra de vehículos de lujo, numerosos inmuebles y joyas. Todo esto provocó que se abriera proceso penal contra tres altos funcionarios de Pemex, en tanto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó un quebranto por 3 mil 217 millones de pesos de casi 200 contribuyentes asociados a gasolinerías.

La información ha comenzado a fluir. Los procesos seguirán su curso legal. En los días por venir, muy probablemente habrá más denuncias y tal vez las primeras detenciones. El abasto del combustible debe ser normalizado a la brevedad.

Más allá del lance inicial, sin embargo, el gobierno federal está obligado a seguir dando pasos firmes. No basta con el arrojo ni con los márgenes de estabilidad que brinda el gran capital político del Presidente de México. La decisión de López Obrador de recorrer los poblados aledaños a los ductos de Pemex para intentar convencer a sus habitantes de no colaborar con la delincuencia en actividades como el huachicol, parecería una medida que conlleva más riesgos que beneficios.

Los estrategas políticos y militares del lopezobradorismo deben ser mucho más imaginativos y ejecutar ya la siguiente jugada que les permita hilvanar acciones claras que posibiliten seguir avanzando y que al mismo tiempo blinden y den certezas a gobierno y ciudadanos. El enemigo es poderoso y peligroso y no puede ser subestimado. Los sabotajes a las redes de distribución de Pemex parecen ser apenas las primeras reacciones criminales.

Hasta ahora resulta imposible predecir el éxito o fracaso de la ofensiva del gobierno ante el contrabando de combustibles. Hoy cuenta con el apoyo mayoritario. Encuestas realizadas por diferentes medios de comunicación coinciden en que la aprobación del Presidente creció seis puntos en las dos pasadas semanas, para llegar a 76 por ciento.

No habrá marcha atrás, ha dicho López Obrador de manera reiterada. La campaña de comunicación de su gobierno refuerza el mensaje. Y pide el apoyo y la comprensión ciudadana.

El voluntarismo no alcanza ni será suficiente.

¿Qué sigue…?