Acapulco, Gro., El ayuntamiento de Acapulco se encuentra prácticamente en quiebra, sin liquidez para hacer frente a compromisos de corto y mediano plazos, con déficit y afectaciones al erario por 2 mil 779 millones 120 mil 429.49 pesos, acumulados a lo largo de varias administraciones priístas y perredistas.

Entre los compromisos que debe enfrentar la nueva administración de uno de los centros turísticos más importantes del país se encuentran deudas con proveedores, pasivos millonarios con organismos públicos e instituciones financieras, que siguen creciendo, y una nómina de casi 9 mil trabajadores.

Aun así, debe enfrentar la inseguridad, que ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y negocios cerrados durante 2018.

El pasado 30 de septiembre, cuando la alcaldesa Adela Román Ocampo, del partido Morena, llegó a ocupar su oficina en el palacio municipal, se encontró con un faltante de 183 armas en la secretaría de seguridad pública y sólo 674 elementos certificados de un total de mil 309 y sin titular de la corporación, que fue nombrado el pasado primero de noviembre en la persona de Geovanni Raúl Mejía.

De acuerdo con un informe presentado por el gobierno municipal, cuya conclusión es la existencia de una dura crisis en Acapulco, se detectaron pasivos por 9 millones 207 mil 724 pesos otorgados a servidores públicos de la anterior administración, los cuales no comprobaron al término de su gestión.

Asimismo, adeudos del trienio pasado por cuotas retenidas a los empleados pero no transferidas a los institutos de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por 207 millones 94 mil 842 pesos, así como retenciones del impuesto sobre la renta y del impuesto del 2 por ciento al estado por 252 millones 680 mil 634 pesos.

Derivado de una deuda pública de 436 millones 996 mil 637 pesos, mensualmente se descuentan de participaciones federales a Acapulco 9 millones 527 mil 640 pesos.

La nómina heredada por la anterior administración al 30 de septiembre era de 8 mil 660 trabajadores, cuyo costo bruto mensual es de 111 millones 771 mil 484 pesos.

Además, el ayuntamiento pasado no dejó dinero en caja para el pago de la segunda quincena de septiembre ni para el pago de aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones de fin de año.

Para hacer frente a estos compromisos, el pasado 8 de diciembre el nuevo cabildo aprobó la solicitud de un crédito bancario hasta de 180 millones de pesos, más accesorios y gastos financieros, con una vigencia no mayor a 12 meses, para cubrir necesidades originadas por la insuficiencia de liquidez de carácter temporal, se dijo oficialmente.

También se encontraron diversas irregularidades por 856 millones 793 mil pesos en ejecución de programas, obras y acciones, así como anomalías por 62 millones 965 mil 251 pesos en ocho obras públicas que fueron pagadas sin soporte documental, 22 que se cubrieron al ciento por ciento y no se han concluido, entre ellas el nuevo palacio municipal, y seis obras pagadas que no fueron ejecutadas.

Asimismo, no se encontraron 11 vehículos ligeros, ocho pesados y tres unidades de maquinaria pesada, entre ellas una motoniveladora Caterpillar con valor de 2 millones 876 mil 125 pesos.

En el aspecto jurídico se encontraron 2 mil 821 juicios en trámite, de los cuales 346 están en ejecución de sentencia, con montos a pagar por 314 millones 31 mil 846 pesos, de los cuales 145 millones 896 mil pesos son por laudos.

Comparecen 14 ex servidores públicos

Derivado de las irregularidades denunciadas por servidores públicos entrantes –de las que se desprenden afectaciones a las finanzas públicas por 2 mil 779 millones 120 mil 429.49 pesos– a la fecha han comparecido 14 de sus predecesores.

Ante tal panorama financiero, organismos sindicales y de jubilados criticaron los planes del ayuntamiento para contratar nuevas deudas con el Issspeg y otros organismos, con los cuales el ayuntamiento tenía una deuda histórica de 441 millones de pesos hasta antes de iniciar la actual gestión, el 30 de septiembre de 2018.

Dirigentes gremiales advirtieron que la nueva administración ha comenzado a generar nuevos pasivos, lo cual pone en riesgo jubilaciones, préstamos y otras prestaciones de trabajadores jubilados del estado.

Juan Alberto Rodríguez Rendón, miembro de la dirigencia de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, señaló que el pasivo con el Issspeg es de alrededor de 40 millones de pesos.

Detalló que el gobierno de Acapulco no ha pagado 10.7 millones de pesos mensuales de cuotas obrero-patronales, salvo en algunas dependencias, entre ellas el sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, pero se comprometió a saldar los cargos a partir del primer día de 2019, además de buscar la forma de pagar el adeudo histórico.

La Comisión de Agua y Potable Alcantarillado adeuda más de 500 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. El municipio debe alrededor de 430 millones de pesos de la construcción, en el trienio 2009-2011, del paso elevado Bicentenario.

La esperanza del nuevo gobierno municipal para cumplir compromisos de campaña está basada en el respaldo de la administración federal, así como en la partida de 680 millones de pesos que la Cámara de Diputados asignó al puerto el pasado 13 de noviembre para programas sociales y obras en zonas rurales y de alta marginación.

El 29 de octubre, el entonces secretario de administración y finanzas municipal, Julio César Ramírez Coronel, cuya estancia en el cargo se prolongó dos meses después de concluido el trienio, reportó que una empresa financiera embargó al ayuntamiento aproximadamente 200 millones de pesos producto de préstamos personales con cargo a nómina durante la administración municipal 2009-2011. El ayuntamiento no entregó las cuotas retenidas a los trabajadores.

Javier Solorio Almazán, síndico administrativo, financiero, contable y patrimonial del ayuntamiento, calcula que tomará al menos seis años ordenar la situación financiera de Acapulco, con una administración honrada y eficiente en el uso de los recursos públicos, además de una recaudación eficiente de impuestos municipales.