Por su condición económica y social, millones de personas son excluidas todos los días de escuelas, servicios de salud, empleos y otros espacios y oportunidades que podrían mejorar sus vidas, advierte el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

No obstante, en su más reciente reporte, de 2012 a junio de 2018, el consejo registró únicamente 103 expedientes de actos de discriminación por condición socioeconómica.

En los casos registrados, expone, hay datos de niños que no son atendidos en hospitales públicos porque sus padres no pueden pagar un estudio de laboratorio; trabajadoras del hogar que reciben mala atención en servicios médicos privados; “mujeres acosadas laboralmente por ser ‘nacas’ o ‘feas’ (palabras mencionadas en las quejas)”.

Hay hombres despedidos de su trabajo por no cumplir las condiciones sociales deseables para los colaboradores del jefe como vivir en determinados lugares, asistir a ciertos restaurantes, tener autos de lujo o haber estudiado en universidades de prestigio.

El Conapred añade que históricamente las personas en situación de pobreza han sido marginadas incluso por familiares. Son tratadas como ciudadanas de segunda clase o sin derechos en las instituciones públicas, así como vistas con desprecio en los comercios y espacios de entretenimiento, cuando no se les ha prohibido directamente el acceso.

Esta discriminación es una práctica común, repetida, aceptada y justificada. Además, estas acciones no sólo las realizan personas con más recursos, “lo hace cualquiera que crea estar por encima de las personas que considera con un estatus social ‘inferior’”.