En la región latinoamericana y caribeña existe la mayor cantidad de instrumentos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, el modelo económico imperante expulsa a la gente de sus territorios, advirtió en entrevista la presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Filac), Myrna Cunningham.

En el contexto de la 64 Reunión del Consejo Directivo del Filac, la activista indígena de Nicaragua destacó que el nuevo gobierno de México ha puesto en el centro de la discusión los derechos de los pueblos indígenas transformando y creando una nueva institucionalidad.

En entrevista, Cunningham afirmó que para poder avanzar en obras o megaproyectos involucrados con las zonas donde viven los pueblos originarios –como el Tren Maya– se debe ejercer el derecho del consentimiento previo, libre e informado de estos grupos. De no lograrse la anuencia, el Estado tiene que seguir dialogando.

Expresó, por otro lado, que uno de los enormes desafíos que enfrentan los países latinoamericanos y caribeños es el modelo económico que provoca la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras.

El Filac –creado por los jefes de Estado de Iberoamérica para contribuir al desarrollo de los pueblos indígenas– se reunió ayer, para evaluar sus actividades de 2018, y continuará hoy con el mismo propósito.