Cuernavaca, Mor., Los 15 diputados locales que se negaron a aprobar el paquete económico 2019, enviado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, condicionaron su voto a favor de que la administración estatal les entregara a cada uno 30 millones de pesos para obra pública, denunció el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca. No mostró pruebas.

Precisó que todavía no hay presupuesto para Morelos porque el paquete económico 2019 aprobado la madrugada del 9 de enero por estos legisladores locales –de Morena, seis; del Partido del Trabajo (PT), cuatro; de los partidos de la Revolución Democrática, Humanista, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Social Demócrata, uno cada uno–, está “plagado de irregularidades.

Eran 30 millones de obra pública para cada diputado. Estamos hablando de 600 millones de pesos, lo que complica la situación de recursos en la entidad, indicó.

Precisó que el G-15 (como ya es conocido este grupo de diputados) no analizó la propuesta de Blanco Bravo y votó un presupuesto alterno en una sesión en la que no estuvieron presentes el presidente de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Sotelo, ni la presidenta de la comisión de hacienda, Rosalina Mazari Espín.

Señaló que han impedido que el Ejecutivo realice la transferencia de recursos económicos, el remplacamiento de autos, la venta de bienes del estado y la concesión de la recolección y disposición final de la basura si estas acciones no son autorizadas por el Poder Legislativo.

Detalló que el presupuesto 2019 aprobado por estos 15 legisladores locales para el Congreso asciende a 528 millones de pesos, cuando en la pasada legislatura el presupuesto 2018 fue de 419 millones, a pesar de que en la actual legislatura el número de diputados locales disminuyó de 30 a 20.

Exigen atender 17 demandas contra ex funcionarios

El titular de Obras Públicas del gobierno del estado, Fidel Giménez-Valdez Román, exigió al fiscal anticorrupción, Juan Jesús Salazar Núñez, que atienda de inmediato las 17 demandas penales presentadas en noviembre contra funcionarios de la administración que encabezó el perredista Graco Ramírez (2012-2018).

Dijo que en ese lapso, de mil 996 contratos de obras públicas, mil 242 se adjudicaron de manera directa, 635 por invitación restringida y sólo 119 se licitaron, lo cual viola las leyes federales y estatales.

Explicó que no se concluyeron obras en el Congreso local, el Tribunal Unitario para la Justicia de los Adolescentes, la Fiscalía General del Estado y las comandancias de Huitzilac y Ocuituco.