Por vez primera el lavado de dinero proveniente del robo de combustibles fue identificado como una las principales fuentes de blanqueo de activos de la delincuencia organizada. El más reciente reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), publicado en 2018, considera que los principales delitos nacionales generadores de fondos se dividen en tres niveles. Primero, delincuencia organizada nacional, tráfico de drogas y personas; segundo, corrupción, y, tercero, evasión fiscal.

Ayer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dependiente de la oficina del secretario de Hacienda, dijo que los grupos dedicados al robo de combustibles blanquearon 10 mil millones de pesos en el sistema financiero mexicano.

El reporte destaca que los bancos son los que están en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables al lavado de activos.

Los bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de operaciones y están bien interconectados con el sistema económico internacional.

Las casas de bolsa y las actividades y profesiones no financieras designadas, particularmente los prestadores de servicios de fe pública y los agentes inmobiliarios, participan en un alto volumen de operaciones y están expuestos a las amenazas de lavado de activos.

Los métodos típicos de blanqueo de activos incluyen el uso de empresas pantalla y ficticias para ocultar al beneficiario final, la compraventa de inmuebles y bienes de alto valor y el contrabando de efectivo en ambas direcciones de la frontera Estados Unidos-México.

El uso significativo de efectivo y la relativamente importante economía informal incrementa en forma significativa el riesgo de que el producto ilícito pueda ser recanalizado a la economía formal regulada.

Sin embargo, de conformidad con análisis del Banco de México, las restricciones sobre las instituciones financieras sobre la recepción de efectivo en dólares estadunidenses dieron lugar a una importante disminución del volumen de dólares estadunidenses que entran y salen del sistema financiero. No obstante, el uso de pesos mexicanos en efectivo se ha incrementado.

Por otra parte, la Primera evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, elaborada en 2016 –la segunda tendrá que realizarse este año–, señala que, con el paso del tiempo, los narcotraficantes se han sectorizado (control de rutas, zona y región) y aglutinan el control de la delincuencia local, acción que potencializó la diversicación de ilícitos, como extorsión, secuestro, homicidio, contrabando, trata, piratería comercial, robo de hidrocarburos y minerales. Además, tráfico de migrantes, órganos, joyas y arte; saqueo y venta de piezas arqueológicas y armas.

Advierte que la delincuencia organizada representa la mayor amenaza para la seguridad pública y para la economía nacional, por lo que constituye también un peligro para la seguridad nacional. En lo particular, también las operaciones de lavado de dinero.