Martes 15 de enero de 2019, p. 6
Cancún, QR., Representantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Cancún empezaron a desviar los viajes turísticos de las ruinas de Chichén Itzá a las de Tulum y Cobá, en Quintana Roo, informó su presidente, Sergio González, quien además propone al gobierno de Yucatán aplazar la entrada en vigor de la nueva tarifa para el 30 de junio.
El líder de la AMAV en Cancún afirmó que no se trata sólo de la tarifa para entrar a la zona arqueológica que el gobierno de Yucatán elevó al doble, sino además de una serie de vicios que no han solucionado, como que desde hade 20 años hay unos mil ambulantes que sólo pagan a los custodios, dejándoles ganancias hasta de 60 mil pesos a cada uno por día y bajo el agua
. Aunado a ello, dijo, no hay servicios públicos de calidad.
González afirmó que hasta ahora el gobierno de Yucatán no los ha buscado para negociar, y que la propuesta de posponer la entrada en vigor de la nueva tarifa para el primero de febrero sólo fue para ganar tiempo.
Aplazar a junio, propone
El empresario propuso al gobierno prorrogarla para el 30 de junio y que se haga de forma paulatina, es decir, que cada tres meses se aplique una tercera parte del aumento, pero que a la vez se mejoren servicios y se reubique a los ambulantes.
Dijo que esta semana entre mil y 2 mil turistas serán enviados a las ruinas arqueológicas de Quintana Roo en vez de Chichén Itzá, aunque si alguno insiste en ir a Yucatán, se le llevará bajo advertencia de los problemas que existen ahí, indicó.
Anticipó que el incremento de turistas en Tulum y Cobá será paulatino y, aunque la reducción también mermará las ganancias de las agencias de viajes, correrán el riesgo para contar con servicios dignos, señaló.
Como se publicó en estas páginas (La Jornada, 11/1/19), el gobierno de Yucatán anunció que se elevará de 242 a 480 el cobro de los derechos para el turismo internacional que ingrese a la zona arqueológica de Chichén Itzá.
El pago total que hacen los turistas incluye dos tarifas: una que va al INAH y otra al gobierno del estado.