La gravedad en el tema de las víctimas en el país obliga a que sea el Estado en su conjunto y no sólo una institución –la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)–, el que enfrente esta creciente crisis.

El titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, subrayó la necesidad de que los gobiernos de los estados impulsen a las comisiones locales de víctimas, pues después de seis años de publicada la Ley General de Víctimas, 12 entidades aún no han creado dichas instancias.

En entrevista destacó que a diferencia de la pasada administración, la de Enrique Peña Nieto, el nuevo gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido la gravedad del problema y la necesidad de fortalecer la atención a las víctimas.

Indicó que para 2019 la CEAV sufrió un fuerte recorte en su presupuesto. Y pese a ello, se comprometió a aplicar el descuento en las áreas directivas de la dependencia para afectar lo menos posible la atención a las personas.

La gravedad del tema de las víctimas en el país es tal, que una sola institución del gobierno federal no puede resolverlo por sí misma, se requiere de toda la fuerza del Estado mexicano que implica la intervención de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, afirmó Rochín del Rincón.

Evitar revictimizar a las personas

Reconoció que en sus cinco años de operación, la CEAV todavía tiene algunas prácticas burocráticas que revictimizan a las personas, pero dijo que se trabaja para corregir esa dinámica. Sobre las demandas que diversas organizaciones civiles y colectivos de víctimas presentaron el miércoles pasado al manifestarse en la sede de la comisión, afirmó que son razonables, sobre todo la urgente reunión del Sistema Nacional de Atención a Víctimas –que sólo y asesinado una ocasión, en enero de 2014– y su posible comparecencia ante el Congreso.

La instancia a su cargo, dijo, apenas cuenta con 120 asesores jurídicos para atender a más de 20 mil víctimas de abusos (prácticamente todas del fuero federal). Sin embargo, enfatizó, 90 por ciento de las violaciones a derechos humanos se da en el ámbito estatal, de ahí la importancia de que los gobernadores se involucren para resolver el gran reto de atención a las víctimas y prevención.

El mensaje que he escuchado de esta administración (de López Obrador), y que no se había dado anteriormente, es el reconocimiento del tamaño y gravedad del problema, y la necesidad de fortalecer toda la atención a las víctimas y darle un sentido de política de Estado. Es una señal positiva de cambio que se reflejará en los meses por venir, pues no puede ser en lo inmediato.