Un juez federal abrió la puerta para sancionar a los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que incurrieron en irregularidades durante la investigación del caso Ayotzinapa, entre ellos el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio.

El juzgado tercero de distrito en materia administrativa de Ciudad de México otorgó un amparo tramitado por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales, con el que dejó sin efectos la resolución dictada por la visitaduría general de la PGR, la cual consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por su personal durante las indagatorias sobre el caso, exonerándolos de los hechos.

Las organizaciones que han acompañado la exigencia de justicia de los padres de los normalistas (los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, Serapaz y Fundar) informaron ayer que el juzgador federal consideró que la investigación interna de la PGR no fue exhaustiva ni congruente al no pronunciarse sobre diversas conductas ilícitas.

En su sentencia ordenó por tanto una nueva indagatoria que permita revisar todas las irregularidades cometidas en las diligencias, por lo que la PGR tendrá que emitir una nueva y exhaustiva resolución, en la que se pronuncie, entre otras cosas, sobre la posible trascendencia penal de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la procuraduría.

Las irregularidades del personal de la PGR han sido documentadas por diversas instancias. En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló inconsistencias en las diligencias encabezadas por Zerón de Lucio en el río San Juan. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también han acreditado violaciones a garantías, entre ellas casos de tortura y la aprehensión incluso de inocentes.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) recordaron que ante estos señalamientos la visitaduría general de la PGR inició una investigación de control interno, la cual no profundizó. El entonces titular de esa instancia, César Chávez, fue separado del puesto y después reveló que fue presionado para disminuir el alcance de su resolución. Adriana Campos, quien lo sustituyó en el cargo, auspició otra resolución que diluyó la responsabilidad de los funcionarios, lo que incluso fue criticado por la ONU-DH.

Por ello, las familias y sus abogados presentaron una demanda de amparo indirecto aduciendo violados sus derechos a la verdad y al acceso a la justicia.

Consideraron que la resolución representa una oportunidad para que la administración de Andrés Manuel López Obrador revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados.

La sentencia llega en un momento oportuno, siendo inminente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pues puede ser un elemento relevante para romper los pactos de impunidad que han impedido acceder a la verdad.