De acuerdo con documentos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el gobierno federal pasado reservó más de 30 expedientes relacionados con tomas clandestinas –principalmente en la zona del estado de Puebla– y con el sistema de revisión de los flujos de combustibles mediante ductos.

Los expedientes, reservados hasta por cinco años, prácticamente hasta el penúltimo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pertenecen al área de Pemex Logística, la rama de la empresa encargada del transporte de hidrocarburos.

Más de la mitad de los documentos fueron reservados en los tres meses previos a la elección del primero de julio, periodo en el que las encuestas daban como segura la victoria del entonces candidato de Morena.

Pemex Logística enumeró un índice que contiene 21 expedientes de tomas clandestinas reservados de manera parcial, sobre todo en asuntos como el volumen de combustibles robados, su monto económico, la ubicación en los mapas municipales de las tomas clandestinas, así como los importes de remediación. Seis expedientes corresponden al estado de Puebla, la entidad con el mayor volumen de tomas clandestinas detectadas el año pasado.

Las reservas se justifican por seguridad nacional y se motivaron por riesgos de afectación a la infraestructura.

El expediente reservado en su totalidad está relacionado con una auditoría interna a Pemex Logística por estar en proceso deliberativo.

Otro expediente sobre tomas clandestinas que fue reservado de manera parcial versa sobre el sistema supervisorio de control y adquisición de datos (Scada), que opera en la Torre de Pemex y que detecta los flujos de combustibles distribuidos mediante ductos en el país. El motivo de retener este expediente se refiere al costo del sistema Scada, los importes de pérdidas económicas y los costos de remediación.

El sistema Scada es el que ha servido a López Obrador para explicar el funcionamiento de la ordeña de ductos desde el interior de Pemex.