Mexicali, Bc., El plazo para que el gobierno de Baja California obtuviera recursos para garantizar la operación de la planta desaladora de Playas de Rosarito concluyó el 31 de diciembre de 2018, lo que significa que el contrato de la planta con su socio mayoritario está sin efecto, aseguró Luis Moreno Hernández, diputado del partido local Transformemos.

Citó un comunicado de la empresa Consolidated Water Co., socia mayoritaria del consorcio Aguas de Rosarito, en el que advierte sobre la inexistencia de instrumentos financieros para el desarrollo de este proyecto que duraría 37 años y se destinaría a proveer agua potable del océano Pacífico a los clientes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

El 7 de enero, el presidente de Consolidated Water, Rick McTaggart, informó a sus accionistas que el 31 de diciembre venció el plazo para que la CESPT buscara líneas de crédito que ayudaran a garantizar el pago de contraprestaciones que la paraestatal está obligada a entregar mensualmente durante 37 años, expuso el legislador.

En el contrato se establece que el organismo operador del agua de Tijuana está obligado a garantizar el pago del servicio si los usuarios incumplen con las facturas mensuales.

Este contrato de inversión, en la modalidad de asociaciones públicas privadas, deberá ser presentado por tercera ocasión ante el Congreso local para una nueva autorización de los mecanismos institucionales para extender la garantía de pago.

La obra carece de respaldo financiero para realizarse, además ha sido rechazada desde que fue anunciada.