Los conflictos por el agua se multiplican por la escasez, contaminación, uso intensivo del líquido en sectores como la minería, hidrocarburos, agroindustria, refresquero y desarrollos inmobiliarios. No se cumple con el derecho humano del agua porque no se ha establecido la legislación para ello y cada vez hay menos recursos oficiales para brindar el servicio.

El sector minero, por ejemplo, en 2014 extrajo 437 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para cubrir las necesidad de la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit, indica un análisis de CartoCrítica, iniciativa civil mexicana e independiente, sin fines de lucro, que promueve la transparencia y el acceso público a la información socioambiental georreferenciada.

La contaminación de los ríos Sonora, por la minería; el Santiago, por descargas industriales y municipales en Jalisco; el Lerma, en estado de México, por diversas causas, son otros de los casos.

El uso de plaguicidas en la actividad agroindustrial o la intención de realizar el fracking para la extracción de gas natural y que requiere la inyección de miles de litros del fluido, en detrimento de la calidad de los mantos freáticos, generan alta demanda hídrica. Esto es parte del origen de los conflictos, señala Claudia Campero, colaboradora de Food & Water Watch, organización no gubernamental que vigila la responsabilidad corporativa y gubernamental relacionada con la alimentación y el agua.

Cualquier clase de proyecto que se haga requiere agua, los volúmenes y lo que sucederá depende de cada uno. Es diferente un emprendimiento minero que un agroindustrial o de hidrocarburos, la dificultad que hay es que se prioriza una idea de desarrollo bajo el argumento de que dará riqueza y empleos que se quedan en pocas manos, pero los costos ambientales se reparten socialmente. Es el origen de los conflictos ambientales: no son particulares a México, agregó.

Hay también problemas con la forma en que se buscan soluciones y los conflictos se agravan. En una situación de injusticia e incapacidad del Estado de hacer cumplir reglas que son insuficientes, esto va a acentuar más el problema. Hay situaciones como el río Santiago, en Jalisco, altamente contaminado; las poblaciones que viven en los márgenes están enfermas de respirar en ese ambiente y habitar en una zona con ese grado de contaminación.

Advierte que hay un conflicto de acaparamiento de las fuentes hídricas que hacen diferentes actores, pero que básicamente se relacionan con los poderes locales, una embotelladora, la minería o el agricultor. También hay dificultades con el manejo de los sistema de suministro que proveen a los asentamientos humanos, hay incapacidad para hacerlo y el remate es la contaminación que están generando los mismos que acaparan el fluido y lo manejan mal.

Otro polo adverso es el desarrollo inmobiliario voraz en Morelos, estado de México, y muchas regiones del país. Ya se tiene el agua asignada o concesionada y esto está bajo supuestos de disponibilidad que no están basados en datos contundentes, advierte.

Está pendiente la Ley General de Agua, pero el presupuesto para el sector en la iniciativa presupuestal 2019 tiene reduce 8 mil millones de pesos, al pasar de 27 mil millones que ejerció en 2018 a 19 mil millones únicamente.

Además, se establecen dificultades en la operación de sistemas comunitarios como se puede observar en 90 de los 125 municipios del estado de México, explica Fabiola Vite, abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Advierte que la legislación no los contempla, lo cual vulnera los derechos de los pueblos originarios.

Estas redes de suministro enfrentan conflictos con los municipales que invaden su competencia, buscan desaparecerlos con el argumento de que no funcionan,y así llevar agua a inmobiliarias e industrias.