A pesar de que la secretaria de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, se había comprometido a elevar el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) al menos hasta llegar a mil millones de pesos en 2019, finalmente el gobierno destinó únicamente 400 millones a dicho organismo, que significan incluso menos de los que le otorgó la administración de Enrique Peña Nieto en su último año.

Así lo advirtió Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, quien señaló que esta falta de sensibilidad en el aspecto presupuestal se suma al hecho de que hay un proyecto legislativo para sacar a la desaparición forzada del catálogo de delitos que requieren de prisión preventiva oficiosa, junto con faltas como el abuso sexual infantil y el feminicidio.

En entrevista con La Jornada, Peralta recordó que antes de asumir las riendas de la SG, la ministra en retiro se comprometió a duplicar en el presente año los fondos con los que contó la CNBP en 2018, que fueron de 500 millones de pesos.

Sin embargo, una vez que la funcionaria estuvo en su cargo, se supo que la propuesta del nuevo gobierno era de otorgar únicamente 400 millones, además de que le retiraría al organismo de búsqueda de personas desaparecidas los recursos que no hubiera ejercido el año anterior.

Es una gran preocupación para nosotros, porque pareciera que se hubiera diluido la sensibilidad que había desarrollado el nuevo gobierno en los meses previos a tomar posesión. El tema ya no se oye en las conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador, ni en las declaraciones de Sánchez Cordero o del subsecretario Alejandro Encinas, lamentó Valentina Peralta.

Según la activista, el cambio de actitud de la titular de SG con respecto a este tema puede deberse a que los testimonios de los familiares de personas desaparecidas tuvieron un impacto emocional pasajero en el equipo del nuevo gobierno, pero que en el fondo sigue siendo un fenómeno que no han valorado en su justa dimensión y por tanto no tiene el suficiente respaldo económico.

En su momento, recordó Peralta, la propia Sánchez Cordero estimó que debían existir alrededor de 300 mil víctimas de desaparición en México, y por eso es aun más difícil entender que ahorita no cumpla sus propias ofertas (presupuestales). Las declaraciones son esperanza cuando se hacen por primera vez, pero al incumplirse, se vuelven frustración, rabia y desconfianza.

La activista lamentó que esta baja presupuestal tenga lugar justo en momentos en que el delito de desaparición forzada podría salir del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, ya que de esa forma los responsables podrían seguir su proceso en libertad, lo cual haría aumentar la impunidad.