El juzgado tercero de distrito en materia administrativa, con sede en Ciudad de México, determinó que la visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) debe concluir los procedimientos que inició contra los funcionarios que participaron en la diligencia realizada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, como parte de investigación del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En una sentencia publica ayer, el órgano jurisdiccional estableció que la PGR debe determinar si existen responsabilidades de tipo administrativo o penal en las que hayan incurrido nueve funcionarios de la PGR, entre ellos Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación criminal (AIC), tres integrantes de la Coordinación de Servicios Periciales, elementos de la Policía Federal Ministerial y al ex jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos.

El juzgador considera en su sentencia que la visitaduría de la PGR no concluyó o estableció sus consideraciones sobre los estudios que se realizaron y que presuntamente acreditan comisión tortura contra Agustín García Reyes, El Chereje, identificado como uno de los principales testigos de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala y en el basurero municipal de Cocula, donde según la versión oficial, los 43 alumnos habrían sido asesinados y luego sus restos habrían sido incinerados.