La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un nuevo revés al gobernador Javier Corral Jurado y a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, al no acceder a su petición para que considere que los gobiernos y fiscalía estatales son terceros interesados en la controversia constitucional por medio de la cual el gobierno estatal busca que se autorice la facultad para investigar y enjuiciar a funcionarios federales, lo que incluye al Presidente de la República.

Lo anterior surge por la controversia constitucional presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para que las autoridades de Chihuahua no puedan investigar, interrogar o enjuiciarlo a él ni a los integrantes de quienes ocuparon la Procuraduría General de la República (PGR), así como a jueces y funcionarios que participaron en las investigaciones y en el proceso penal que se realizó en el ámbito federal en torno a los desvíos de recursos en los que se implicó al priísta Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en 2017.

La resolución contra el gobierno de Chihuahua ocurre dentro del proceso de seguimiento que tiene la SCJN en cuanto a los recursos presentados por todas las autoridades involucradas en la controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, la cual se dio en octubre de 2018.

La controversia es analizada también en una ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, quien de igual manera concedió una suspensión que impide que el gobierno o fiscalía de Chihuahua investiguen a los funcionarios involucrados en el caso de Gutiérrez Gutiérrez, quien fuera enjuiciado en el ámbito federal por uno de los procesos iniciados por la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

Al término de ese juicio se le otorgó su libertad al considerar que las autoridades de Chihuahua no aportaron elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad penal del priísta en el presunto desvío de 250 millones de pesos.

En los acuerdos judiciales, la Corte determinó no aprobar la solicitud formulada por el Ejecutivo estatal en el sentido de tener como terceros interesados a los Tribunales Superiores de Justicia y a las fiscalías del resto de las entidades federativas.

Dicho acuerdo se da en virtud de que no se advierte que pudieran resultar afectados por la sentencia que llegue a dictarse, pues el actor plantea una posible invasión a la esfera de competencia que es únicamente del orden federal, consistente en que los funcionarios no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en el ejercicio de sus competencias y aplicación de las leyes federales.