s cada día más visible que el sistema de salud para los mexicanos sin seguridad social tiene serias dificultades y que las instituciones de este tipo tienen graves defectos. Sin embargo, no estamos ante un colapso
de prestación de servicios, lo que resulta claro al observar que durante un día típico la Secretaría de Salud y los servicios estatales del sector prestan 337 mil consultas, de las cuales 47 mil son de especialidad; resuelven 21 mil urgencias; egresan de sus hospitales 6 mil 625 pacientes; operan 3 mil 504 personas, y atienden 2 mil 300 partos. Además, la salud pública, entendida como un conjunto de acciones dirigidas a toda la población, sigue previniendo epidemias agudas y controlando muchos de los padecimientos que antes impactaban la mortalidad infantil y materna.
Estamos ante una coyuntura en la cual se articulan dos fenómenos significativos. Por un lado existe un creciente descontento de los ciudadanos/usuarios con los servicios de salud que reciben o les son negados por distintas razones, lo que se combina con un proceso de toma de conciencia de que son sujetos de derechos. Es decir, que pueden exigir al gobierno, la Secretaría de Salud, los servicios estatales del ramo o a su instituto de seguridad social. A ello se agrega el malestar de los trabajadores del sector por irregularidades en sus condiciones de trabajo, como desabasto de medicamentos, equipo descompuesto, contrataciones anómalas y presión de los usuarios ante la falta de atención. Por otro lado, ahora hay un gobierno que escucha y observa que los servicios de salud no responden ante los reclamos populares. Propone, además, limpiar de corrupción a un sector donde este problema resulta particularmente inmoral, ya que el enriquecimiento personal ocurre a costa de la salud de las personas y su muerte precoz e innecesaria.
A todos los que hemos trabajado muchos años para poner la salud en la agenda pública se nos abre una gran oportunidad técnico-científica y política. Estamos ante la posibilidad de coadyuvar en la construcción de un nuevo sistema de salud justo y equitativo que garantice los servicios integrales con igual acceso a todos los mexicanos y mexicanas. Pero garantizar el derecho a la salud no se logra con proclamas políticas abstractas, ocurrencias efímeras, modelos diseñados en el escritorio o importados de otras realidades. Se construye a partir de la comprensión de las múltiples causas del malestar, el conocimiento de las instituciones y sus prácticas, una planeación estratégica y con una concepción articulada y clara adonde se quiere llegar. Y no hay atajos posibles.
No hay gobierno contemporáneo que admita en su discurso que la salud de los ciudadanos no le importa, con la posible excepción de los de ultraderecha, como los de Trump, en Estados Unidos, y Bolsonaro, de Brasil. Son sus actos los que revelan su verdadera esencia. Es la política de salud de los 35 años pasados la que nos ha llevado a donde estamos hoy. El ajuste fiscal de 1984 redujo el presupuesto público de salud en alrededor de 50 por ciento. Luego se dio la segunda vuelta de tuerca en 1995, con el llamado cambio estructural
que pretendió promover la entrada de la iniciativa privada en el sector, inicialmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Paralelamente se culminó, en 1997, la descentralización de los servicios de salud para la población carente de seguridad social, en los estados sin un proceso de construcción de las capacidades necesarias. Incluso, se llegó a certificar la cobertura universal
con un paquete de servicios de unas 20 intervenciones. Finalmente, como punto culminante, se introdujo el Seguro Popular como mecanismo financiero público, supuestamente para dar acceso a las personas sin seguridad social laboral a un paquete restringido de servicios, fuera en el sector público o privado.
A pesar de estas políticas de salud encaminadas a desarticular el sistema público, es notable que todavía sigue en pie. En esto se parece a Petróleos Mexicanos (Pemex), que ha sido desmembrado, endeudado, saqueado desde dentro y desde fuera, pero no han logrado destruirlo.
Al igual que Pemex, el sistema público de salud está en pésimas condiciones: segmentado, fragmentado, desfalcado, mal administrado y deshumanizado, pero está. Es la única base sobre la cual se puede construir la garantía del derecho a la salud y la equidad entre los mexicanos y mexicanas en el acceso a los servicios que requieren.
