ras el desencuentro con ciertos grupos empresariales y de opinión económica provocado por la propuesta legislativa para reducir el cobro de comisiones bancarias, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda anunciaron el Programa de impulso al sector financiero, que contó con el beneplácito explícito de los banqueros. En la presentación inicial de este programa se estableció que se buscaba fortalecer al sector financiero para poder robustecer la economía del país. Además, se planteó que México enfrenta dos graves problemas: la falta de crecimiento y la desigualdad.
Para Hacienda resolver esto demanda un sector financiero robusto. Por ello lanzan este Programa de impulso al sector financiero. De las ocho medidas que se aplicarán, por lo menos siete serán claramente benéficas para los bancos, ya que amplían y profundizan el sistema, generando mayor negocio para éstos. Es cierto que se beneficiarán también ciertas empresas que, gracias a la reducción impositiva a las ofertas públicas iniciales, podrán cotizar en bolsa. Los jóvenes que puedan tener cuenta bancaria para recibir depósitos también serán beneficiados, lo mismo que quienes puedan tener créditos de nómina.
La pertinencia de este programa es clara, pero lo es más que en nuestro país los bancos han contribuido muy poco al crecimiento de la economía. La escasa penetración bancaria se explica porque la fuente de rentabilidad no está principalmente en el margen financiero, es decir, entre la diferencia entre las tasas pagadas a los ahorradores y las tasas cobradas a los acreditados, sino en las comisiones y operaciones de intermediación y en los bajos niveles tributarios. Es bien sabido que los bancos que operan en México son muy rentables, lo que los hace bancos sólidos, de modo que robustecerlos puede resultar discutible en un gobierno que se propone explícitamente el bienestar de los que menos tienen.
La falta de crecimiento se ha documentado y en la presentación de este programa se recordó que de 2000 a 2017 el PIB per cápita creció apenas 1.1 por ciento, lo que nos coloca en una situación muy precaria. Junto con ello enfrentamos condiciones de desigualdad profunda en diversos niveles: de ingreso y patrimonio, como se ha documentado profusamente, y también en términos regionales. El PIB per cápita de la CDMX es, por ejemplo, siete veces el de Chiapas. Esta desigualdad se agrava aún más porque las tasas de crecimiento del PIB estatal son menores justamente en los estados con mayores rezagos.
Dinamizar el crecimiento del producto y reducir la desigualdad requiere, de acuerdo con Hacienda, un sector financiero robusto. Para ello hace falta que se amplíen los cuentahabientes bancarios, sustituir los pagos en efectivo por pagos electrónicos, aumentar los trabajadores que cuentan con una Afore y además aportan recursos adicionales. En materia bursátil apenas cotizan en bolsa 141 empresas, muy lejos de lo que ocurre en Chile y Colombia. Finalmente, lo que es de mayor relevancia, mientras 100 por ciento de las grandes empresas tienen acceso al crédito, solo 10 por ciento de las microempresas puede tener un crédito bancario. En esta visión presentada por Hacienda, lograr esto resulta necesario para que tengamos inclusión financiera.
Para que la economía crezca más y se reduzca la desigualdad regional y familiar hacen falta acciones de otra naturaleza. En estas acciones los bancos privados tienen que jugar un papel relevante, pero de mayor importancia sería que la banca de desarrollo recuperase su papel de financiador del desarrollo y promotor de proyectos de inversión con fuertes contenidos sociales. La medida ocho del programa menciona que se reconfigurará a la banca de desarrollo para que atienda a 15 millones de usuarios de las zonas rurales.
Convendría que se decidiera que la banca de desarrollo regrese al primer piso, es decir, que de nueva cuenta dé créditos directamente a los millones de pequeños empresarios del campo y la ciudad, que sea la fuente de financiamiento de grandes proyectos de inversión, que consiga recursos baratos del exterior para utilizarlos en la promoción de un desarrollo incluyente y sustentable. Convendría que los bancos privados se comprometieran a financiar a los diversos tipos de usuarios, a partir de requerimientos razonables y que los créditos se otorgasen a tasas compatibles con las que existen en los países desarrollados. Es cierto que no puede hacerse todo al mismo tiempo, pero lo es también que la prioridad de que por el bien de todos primero los pobres, tiene que honrarse a cada paso.
