Guatemala. La Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de Guatemala, suspendió este miércoles la orden del presidente Jimmy Morales de cerrar unilateralmente la misión anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que lo investiga por financiamiento ilegal electoral en 2015.

La decisión se conoció horas después de que los funcionarios internacionales de la comisión abandonaran el país porque, según indicaron, el Estado guatemalteco no garantiza su seguridad.

Desde el pasado lunes, cuando el mandatario dio a conocer su decisión de terminar anticipadamente la misión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, se desató una guerra judicial y crecieron las tensiones políticas en el país.

La CC dejó sin efecto la decisión presidencial al otorgar un amparo provisional a ocho acciones promovidas por personas e instituciones para revertir el cierre de la Cicig, según la resolución divulgada a la prensa.

Al aceptar los recursos legales, quedó en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig, indicó el fallo.

El mandato de la misión se extendía hasta el 3 de setiembre de este año.

El gobierno respondió que hará un pronunciamiento oficial después de analizar la resolución.

La CC exhortó a las autoridades a instruir a los funcionarios de las dependencias a su cargo a que faciliten el funcionamiento de la Cicig.

La notificación que se haga a los funcionarios públicos los obliga al cumplimiento de lo decidido en el fallo, sentenció la CC.

La decisión de Morales de poner fin al mandato de la Cicig ocurre luego de que el fin de semana el gobierno intentó impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, finalmente admitido al amparo de una orden judicial.

Grupos humanitarios, académicos, indígenas y universitarios alzaron la voz y pidieron al mandatario revertir la medida. Morales recibió el apoyo de la poderosa cúpula empresarial, sectores conservadores y políticos de derecha.

Los juristas también están divididos sobre la posible ilegalidad de la decisión de acabar el acuerdo con la Cicig.

Morales ha mostrado hostilidad hacia la Cicig desde principios de 2016, cuando el organismo abrió una investigación contra su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero. La situación se agravó en 2017, cuando el presidente fue acusado de corrupción por el manejo de las finanzas de su partido durante la campaña presidencial que ganó en 2015.