La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones para los Servidores Públicos, para que no se disminuyan los salarios de los altos funcionarios del Banco de México (BdeM) hasta en tanto se resuelva de fondo la impugnación que han presentado otros organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la vía de la controversia constitucional a esta legislación. Este caso será analizado por el ministro Alberto Pérez Dayán.

El máximo tribunal del país dio entrada también a la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la misma ley, en la cual se establece que ningún funcionario público puede ganar más que el salario que devenga el Presidente de la República, que en el caso de Andrés Manuel López Obrador asciende a 108 mil pesos mensuales.

En los acuerdos publicados este martes por la SCJN, se informó que se concede la suspensión solicitada por el BdeM, promovente de la controversia constitucional 2/2019.

La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superviniente, se señala en el mencionado acuerdo.

De esta manera, el beneficio legal otorgado a los integrantes del BdeM son que si bien no se aplicarán las disposiciones salariales establecidas por la Cámara de Diputados en cuanto a las percepciones de los funcionarios del organismo, la suspensión concedida permite que mientras se resuelve el fondo de la controversia en el banco central se podrá pagar hasta 50 por ciento más del salario fijado como límite (108 mil pesos), con base en lo estipulado en el artículo 127 constitucional, que establece esa posibilidad de pago superior para quien realice una labor altamente especializada.

Se debe mencionar que en el caso del BdeM los salarios de sus integrantes no se generan de los impuestos que pagan los ciudadanos, sino que es una institución crediticia que es autosustentable.

A este respecto, y según el último registro del Poder Judicial de la Federación, ya se han interpuesto 3 mil 680 demandas de amparo en contra de esta legislación.