El colectivo #SeguridadSinGuerra criticó el intento de militarizar la seguridad pública y la procuración de justicia con la creación de la Guardia Nacional, y alertó que la reciente convocatoria del gobierno federal para el reclutamiento de quienes conformarán esa corporación y el anunció en el Congreso de la Unión para realizar un periodo extraordinario de sesiones en estos días para aprobar la reforma constitucional que daría paso a la corporación intentan construir una narrativa de decisión tomada que atenta directamente contra la independencia del Po-der Legislativo.

Las 300 organizaciones y personas que conforman este colectivo llamaron al Congreso a cumplir con las audiencias y debates con expertos, académicos, representantes de la sociedad civil y otros en torno a este tema, y que esto no se convierta en una simulación.

Recordaron que hace más de un año, el colectivo, organismos nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, víctimas de la violencia, especialistas en temas de seguridad y ciudadanos preocupados por las consecuencias de la estrategia contra el crimen organizado de los años recientes combatieron la Ley de Seguridad Interior, logrando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarara inconstitucional.

Ahora, la historia se repite en una modalidad más peligrosa: la Guardia Nacional, propuesta por el nuevo gobierno, que busca pasar del fraude a la Constitución a la militarización desde la misma, a pesar de todo el dolor y evidencia que en 12 años nos ha demostrado que ésta no debe ser la vía, subrayaron en un posicionamiento.

Recordaron que 16 personas, entre ellas el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, comparecieron hace unos días en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para manifestarse contra el proyecto de militarización. Sin embargo, el dictamen votado y aprobado por dicha comisión borró cualquier consideración o evidencia mostradas por quienes acudieron.

Dijeron que las presiones del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sobre los legisladores impusieron un proceso de simulación que derivó en la incorporación de reservas al dictamen original, que de ninguna forma resuelven los problemas del proyecto de reforma constitucional.

El colectivo estimó que las audiencias que se realizarán esta semana en la Cámara de Diputados no deben ser usadas para imponer la mayoría a la razón misma, por lo que exhortó a los legisladores a incorporar una serie de propuestas metodológicas que incluye en el pronunciamiento, así como a responder 52 preguntas sobre la Guardia Nacional.