Bernardo Bátiz, ex procurador General de Justicia del Distrito Federal, afirma que el combate de las causas de la inseguridad no excluye el deber de perseguir y sancionar a los delincuentes. La solución está en buscar un equilibrio entre las dos herramientas que el Estado tiene para resolver el problema. Ante inseguridad y delincuencia, se puede y debe investigar y perseguir los delitos que se cometen, así como erradicar la impunidad.

Bátiz, uno de los 27 aspirantes a dirigir la Fiscalía General de la República, y a quien el PAN y el PRI en el Senado lo ubican como el candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador, refiere en el ensayo que presentó al Senado, como parte de los requisitos exigidos para su inscripción al proceso, que en materia de seguridad la solución practicada hasta ahora ha fallado.

Esto se debe a que había una actitud resignada ante las formas autoritarias, para afrontar el problema predominó la idea de que la violencia se enfrenta sólo con una mayor violencia. Ahora cambian las cosas: Declaramos la paz, la paz con justicia. No basta más años de cárcel, más cuarteles y más aparatos de represión. Esto no ha servido, la inseguridad y los delitos no disminuyeron.

Destaca que es necesario un plan, entender las causas del delito, las fuentes donde se generan violencia e inseguridad, combatir los factores económicos y sociales que originan el mal social. Sus fuentes son una economía injusta, mala educación e ineficaz impartición de justicia.

En su ensayo, especifica que un plan de persecución penal debe tener como base el respeto y la defensa de los derechos humanos. Regular y racionalizar el uso de la fuerza, combatir la violencia de género, la corrupción y los delitos de cuello blanco, en especial el lavado de dinero. Deben también emprenderse, dentro de la ley, las acciones de extinción de dominio sobre los bienes de los infractores.

La fiscalía debe integrarse con ideas nuevas, aire fresco, que no herede los vicios de la vieja Procuraduría a la que en muchas ocasiones se le desvirtuó, al emplearla indebidamente como herramienta en luchas políticas para perseguir enemigos, justificar presencia y presupuesto o peor aún, para proteger amigos y cómplices. Sostuvo que ese vergonzoso papel acabará.

Para Bátiz, los ejes de una fiscalía autónoma que sirva a la gente deben ser cuatro: recuperar su carácter de institución de buena fe, respetar y proteger los derechos humanos, restituir a las víctimas sus derechos violentados y reparar el daño causado; en la investigación y ante el juez que resolverá, en definitiva se debe buscar la verdad con objetividad y capacidad técnica.

Otro candidato

Por su parte, el jurista Luis Manuel Pérez de Acha, también aspirante al cargo, destaca en su ensayo que la autonomía y el autogobierno de la Fiscalía significan que la investigación de los delitos se conduzca en términos de su Ley Orgánica, de la legislación penal y de conformidad con el plan de persecución penal, sin instrucciones o lineamientos impuestos por entidades públicas, ni siquiera por el Ejecutivo. Las únicas condiciones y limitaciones serán las fijadas por quienes tienen competencia constitucional, como el Poder Judicial de la Federación o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Asevera que la Fiscalía General exige la construcción de un nuevo paradigma deslindado de prácticas y esquemas de operación arraigados en la PGR. Esto implica que el nombramiento de fiscales especiales y coordinadores recaiga en abogados estudiosos y experimentados en la procuración de justicia, con perfiles personales y profesionales que acrediten su idoneidad.