La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que autoridades ministeriales de Tlaxcala actuaron de manera indebida y tardía para investigar la desaparición de una niña de 11 años, pues tardaron 22 días en emitir la Alerta Ámber a la que están obligadas las autoridades en caso de que un menor se ausente, por lo que se violó el derecho de acceso a la justicia en agravio de la pequeña y de sus familiares, así como el del interés superior de la niñez.

Al emitir la recomendación 83/2018, dirigida al gobernador de esa entidad, Marco Antonio Mena Rodríguez, la CNDH sostuvo que los actos violatorios a las garantías de las víctimas son atribuibles a personal de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala.

En febrero de 2016 un portal de noticias publicó que el 13 de enero de ese año la niña salió de su casa, en el municipio de San Pablo del Monte, rumbo a la escuela, pero no regresó; por eso, sus padres presentaron una denuncia ante la Procuraduría estatal y esa autoridad no emitió la Alerta Ámber, como lo establecen los protocolos en caso de desaparición de menores y sólo empezó un acta circunstanciada.

Los funcionarios tampoco proporcionaron a los padres copia de la declaración, además de que se les prohibió difundir la fotografía de la niña para no obstaculizar el trabajo de las autoridades. Ante la falta de resultados, los familiares presentaron denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Puebla por la desaparición y por la probable comisión del delito de trata de personas en agravio de su hija.

Tras sus investigaciones, la CNDH confirmó que autoridades de la Procuraduría de Tlaxcala indebida y tardíamente emitieron una prealerta Ámber tres días después de la denuncia, que no admite su difusión a pesar de la urgencia.