n el juicio en curso contra el Chapo en Nueva York hay un notable ausente. El desfile de testigos cooperantes, hasta ahora exclusivamente narcotraficantes mexicanos y colombianos, junto con un amplio reparto de policías estadunidenses que divulgan detalles sobre su lucha contra estos malos son el elenco de esta obra que los medios nacionales y locales aquí resumen con títulos como México es aún más corrupto de lo que se suponía.

Mexico, a través del prisma de este juicio, se ve como un país no sólo violento y corrupto, sino uno que aparentemente ya se rindió ante ello. No se mencionan la ira, las protestas masivas, los movimientos nacionales y locales, la valentía de periodistas en respuesta a lo que ocurre, ni la elección nacional que en parte fue un Ya basta masivo a todo esto.

Todos saben que el negocio de los empresarios de droga ilícita bajo juicio aquí depende de una sola cosa: el apetito aparentemente insaciable de estadunidenses por la cocaína y la heroína, entre otras. Se sabe que este negocio depende de canales financieros, incluyendo bancos y empresas de traslado y/o blanqueo de dinero de este lado de la frontera; y, se sabe que este negocio requiere de armas, las cuales se fabrican y compran –legalmente– en Estados Unidos.

También se sabe que, a pesar de que la política antinarcóticos es un fracaso espectacular tanto aquí como allá, políticos de ambos lados de la frontera curiosamente están de acuerdo con narcotraficantes en una cosa: apoyan la política antinarcóticos (por diversas razones).

Pero en el tribunal en Nueva York no están presentes representantes del mercado de consumo de estas drogas, no está ningún profesional rico, ni un niño bien, ni una estrella u otros a quienes les encanta compartir coca sin importarle su costo real, ni participar en ninguna lucha por su derecho a su droga (o sea, su legalización).

También están ausentes los banqueros. Ya se ha comprobado anteriormente que varios de los bancos más grandes –Citibank, HSBC (el cual lavó casi mil millones para el cártel de Sinaloa), Wachovia, Bank of America y tantos más– han violado sistemáticamente leyes antilavado. Pero ni un solo ejecutivo ha sido encarcelado por ello (los bancos sólo han pagado multas cuando estos crímenes han sido detectados, y en el caso de HSBC, fue el procurador general de Barack Obama quien decidió no levantar cargos contra sus directivos).

Tampoco están presentes en este tribunal los políticos que impulsan la llamada guerra contra las drogas, quienes rehúsan rendir cuentas o aceptar responsabilidad por las consecuencias de sus políticas para comunidades pobres en América Latina y para sectores marginados dentro de Estados Unidos, los cuaes son quienes pagan la cuenta en sangre, sufrimiento y vidas devastadas.

De hecho, aun después de que El Chapo y tantos otros capos del narcotráfico fueron arrestados o aniquilados –y cientos de miles de pobres asesinados o encarcelados– bajo las políticas antinarcóticos diseñadas, impulsadas y financiadas por Washington en México, Colombia y este mismo país, el hecho es que hoy día, según las cifras más recientes de la Oficina de Drogas de la ONU, se registra un récord histórico en la oferta de cocaína y opio en el mundo. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de cocaína (aproximadamente un tercio), con 90 por ciento del producto llegando aquí desde Colombia a través de Centroamérica y México e ingresando por las entradas fronterizas legales a este país (contrario a la versión actual que maneja Trump para justificar su muro), según la propia Casa Blanca.

Tal vez se podría hacer un juicio, o varios, en México, paralelos al del Chapo aquí, convocando o solicitando la extradición de consumidores, banqueros, comerciantes de armas y políticos estadunidenses para que sean interrogados y compartan todos sus secretos sobre la corrupción oficial y empresarial en Estados Unidos, como el manejo de presupuestos, operaciones encubiertas de inteligencia con narcos, y otros detalles sobre el gran negocio ilícito de drogas de este lado de la frontera.

A eso se le podría llamar responsabilidad compartida.