Tuvieron que pasar casi 18 años desde que Joaquín El Chapo Guzmán Loera se fugó de un penal de máxima seguridad (19 de enero de 2001) y que se le enjuiciara en Estados Unidos para que se revelaran detalles de la manera en que el círculo cercano de Vicente Fox fue infiltrado por el narcotráfico.

Aunque desde 2005 el gobierno mexicano reconoció de manera oficial la penetración criminal en la estructuras cercanas al mandatario de filiación panista por parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, los procesos judiciales al respecto fracasaron, el Ministerio Público utilizó declaraciones falsas, hubo fallas en los procesos y los involucrados quedaron en libertad.

Ahora, el juicio contra Guzmán Loera expuso la presunta vinculación de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Estado Mayor Presidencial (EMP) con integrantes de grupos criminales y de la entrega de dinero a cambio de información durante los mandatos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

Pero no es la primera ocasión en que integrantes de las fuerzas armadas son vinculados con organizaciones delictivas, uno de los casos más relevantes ocurrió en 1997 tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes, El señor de los Cielos, cuando el entonces zar antidrogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue detenido, procesado y sentenciado por proteger al cártel de Juárez durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Desde 2005 las autoridades mexicanas consideraron que el primer círculo de Vicente Fox estaba infiltrado por el narcotráfico, particularmente por la organización de los hermanos Beltrán Leyva, y que en ello estaba involucrado el coordinador de giras presidenciales, Nahum Acosta Lugo.

Esta semana, en el juicio a El Chapo Guzmán en Nueva York, se mencionó que integrantes del EMP tuvieron encuentros y acuerdos con el cártel de Sinaloa en 2007, cuando gobernaba Felipe Calderón.

En México casi todos los altos funcionarios o militares señalados o detenidos por vínculos con el narcotráfico han sido dejados en libertad por falta de elementos o porque los testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) mintieron para obtener penas reducidas en sus condenas.

Sin embargo, en noviembre de 2016 se sentenció a 15 años de prisión al general brigadier Juan Manuel Barragán por delincuencia organizada, a lo que se sumó otra condena de 16 años dictada por la justicia militar, que lo halló culpable de delitos contra los deberes militares, ya que pretendía gestionar un encuentro en donde el cártel de Sinaloa ofrecería al entonces titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, 140 millones de dólares por suspender operativos en su contra.

Destaca el caso del ex subsecretario de la Defensa Nacional, el general Tomás Ángeles Dauhare, quien pasó 11 meses en prisión y luego de ese tiempo fue absuelto de los cargos porque las acusaciones de testigos protegidos resultaron falsas.

José Salvador Puga Quintanilla, El Pitufo, integrante del cártel de Los Zetas, llegó a ser considerado el testigo estrella de la PGR, ya que sus declaraciones ministeriales fueron utilizadas en 400 averiguaciones previas en contra de diversos funcionarios y presuntos integrantes del crimen organizado, la mayor parte de sus señalamientos fueron desechados o desmentidos, aunque su información sirvió para condenar por delincuencia organizada a Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas.

Otro caso en que no se logró sustentar la colusión de autoridades y narcos fue en el llamado michoacanazo, donde 28 personas, incluidos 11 alcaldes, fueron detenidos y luego absueltos, cuando la titular del Ministerio Público Federal era Marisela Morales. Asimismo, en la denominada Operación Limpieza, 19 acusados 19 de vínculos con los Beltrán Leyva, entre ellos un ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, el jefe de Interpol México, y otros más fueron absueltos.