Es fundamental que la Fiscalía General de la República recupere la credibilidad de la ciudadanía y se centre en la defensa de las personas y sus derechos humanos, ya que los niveles de descalificación del Ministerio Público del fuero común y del federal son son inmensos y el rechazo a esas instituciones se ha multiplicado conforme la criminalidad y la impunidad van creciendo, consideró Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el ensayo que presentó ante el Senado, en el proceso para elegir al titular de esa Fiscalía General de la República, resaltó que el monopolio de la acción penal que ejerce el Estado se ha convertido en un instrumento de opresión, de humillación y de frustración para las víctimas y ofendidos.

Se requiere, insistió, que esa fiscalía, que sustituye a la PGR, tenga la confianza de los mexicanos, que ahora sienten que no tienen un derecho real y efectivo a la a la seguridad y la justicia.

Gertz Manero, quien contiende con otros 26 aspirantes al cargo de fiscal general, resaltó que el fenómeno delictivo que aflige a los mexicanos es tal que nos hemos convertido en un país de víctimas y de ofendidos y parte del problema es la impunidad, el dejar sin castigo los delitos.

Puso de ejemplo que de los 33.6 millones de delitos cometidos en 2017, 99 por ciento quedaron impunes. Sólo casi 1 millón 800 mil fueron denunciados ante el Ministerio Público y de éstos sólo se consignaron 6 mil 322, uno por ciento.

Se requiere un plan de persecución penal que acabe con esa enorme impunidad bajo premisas muy claras y eficientes, que privilegien fundamentalmente la reparación total e integral del daño a víctimas y al Estado mismo, planteó en el ensayo.

Expuso que se deberán privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias en la mayoría de los delitos de orden patrimonial, en robo de tarjetas de crédito y de fluido eléctrico, ya que que significan más de 50 por ciento de los de los delitos federales.

El Estado, dijo, ha dejado de cumplir con su deber primigenio de otorgar seguridad a los ciudadanos por varios factores. El primero es la incapacidad profesional administrativa y política de las autoridades civiles que no han estructurado y ejecutado programas que atienden las cosas económicas y sociales de los fenómenos delictivos; el segundo es la falta de profesionalización, eficiencia y eficacia de las autoridades policiacas, del Ministerio Público y jurisdiccionales de todos los niveles que no han tenido ni aplicado un proyecto de prevención del delito y de justicia que realmente funciona.

El tercer factor, es el brutal fenómeno de corrupción que ha invadido nuestra sociedad, nuestras instituciones, resaltó Gertz Manero.